Olaechea reconoce corrupción en funcionarios, pero no en congresistas
El titular del Parlamento, Pedro Olaechea, asegura que fiscalizar no es obstruir y le aseguró al presidente Martín Vizcarra que el adelanto de elecciones será prioridad pero "en el marco constitucional”.
Pedro Olaechea, titular del Congreso, enfatizó que la función de fiscalizar no es significado de obstrucción, argumentando que los actos de corrupción que se han revelado son de parte de los funcionarios; sin embargo, no mencionó a los legisladores a pesar que más de uno ha sido sentenciado por el delito en mención.
El último miércoles, la Comisión de Fiscalización decidió investigar el mensaje a la nación del presidente Martín Vizcarra del 28 de julio, a las encuestadoras y retomar los casos del aeropuerto de Chinchero y de Conirsa, temas en el que se involucra a mandatario.
Al respecto, Vizcarra Cornejo comentó que el Parlamento busca dañar al Ejecutivo con actitudes “intimidantes”, con las que se justifica cada día su pedido de adelanto las elecciones generales.
Olaechea responde a Vizcarra
Por lo que, Olaechea enfatizó en que la fiscalización es un derecho de Legislativo. Agregó que todo "funcionario honesto” tiene el deber de respetarla y nadie puede prohibirla.
Como sustento de su premisa, rememoró los hechos de corrupción registrados sobretodo en funcionarios elegidos por la población como el jefe de Estado, los gobernadores y alcaldes. Sin embargo, no hizo mención a los congresistas.
“Hay que recordar que la corrupción ha estado enquistada sobre todo en autoridades elegidas y en sus entornos familiares, amicales y societarios. Los casos conocidos son de alcaldes, gobernadores y presidentes de la República. Aceptar la fiscalización es el deber no sólo de un demócrata sino de un funcionario honesto. Quienes tenemos mayor responsabilidad debemos dar el ejemplo”, sostuvo en su discurso.
Comentó que el Parlamento registra la libertad de información y le solicitó al mandatario Vizcarra que se mantenga en los temas acordados en la reunión de diálogo que tuvieron.
Reiteró que la propuesta de reforma constitucional del adelanto de elecciones es una prioridad a trabajar, pero que se dará “dentro del marco constitucional”.
“Con el respeto debido, le pido al presidente de la República: No nos apartemos de las agendas consensuadas. La falta de trabajo, la inseguridad, la salud y la reconstrucción del norte son urgentes. Así como debatir su propuesta de adelanto de elecciones, como lo estamos haciendo, pero reiteramos: dentro del marco constitucional”, finalizó.
Olaechea invoca al diálogo
Por otro lado, Olaechea resaltó que el Parlamento ha iniciado un diálogo con el Gobierno, el que es respaldado por portavoces de varias bancadas.
“Solicito a los congresistas priorizar la agenda país que, dentro del diálogo que esta presidencia ha iniciado, junto a la mayoría de los portavoces, estamos concentrados en continuar. El diálogo es nuestra prioridad", resaltó.
Congresistas sentenciados por corrupción
La relación sobre legisladores sentenciados con prisión efectiva va creciendo. Uno de los casos es el de Edwin Donayre, de Alianza para el Progreso, contra quien el Poder Judicial ordenó cinco años y seis meses de prisión efectiva por el caso ‘Gasolinazo’. Sin embargo, se encuentra prófugo luego que el Congreso se demorara en levantar su inmunidad.
Guillermo Martorell Sobero, integrante del partido Fuerza Popular, fue condenado a cinco años de pena privativa de la libertad efectiva por el delito de colusión e inhabilitación por tres años. Sin embargo, apeló y el Poder Juducial solicitó un nuevo juicio. El juicio se retomará el 15 de noviembre del presente año.
El congresista Joaquín Dipas, también de Fuerza Popular, fue hallado responsable del delito colusión ilegal en agravio del Estado por lo que fue sentenciado a 5 años. El delito lo ejecutó cuando fue alcalde del Pichari, en Ayacucho.
Otro caso es el excongresista Benicio Ríos Ocsa, de Alianza para el Progreso, quien recibió una ratificación de sentencia de siete años de cárcel por el delito de colusión agravada cuando ocupaba el cargo de alcalde de Urubamba, Cusco, en el 2009. Desde quincena de noviembre de 2018 se encuentra internado en el Penal de Qenccoro.
