Cuidado con los conflictos sociales en el sur peruano

Wilder Pari / Arequipa

Los conflictos sociales están a la orden del día. En esta semana, Arequipa, Moquegua y Tacna se convirtieron en escenarios de protesta. Sociólogos y especialistas piden al Estado no esperar que el fuego prenda para acudir a apagar el incendio. ¿Se podrá actuar con prevención?

Tía María, en el valle de Tambo, probablemente es el conflicto más complejo, así lo define el adjunto para Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque. Un grueso sector de pobladores rechaza la explotación de dos tajos de cobre en el desierto costero, a menos de tres kilómetros del valle de Tambo. Hay desconfianza, temen la contaminación por la actividad extractiva. No solo desconfían de la minera, también del Estado, que dio la licencia de construcción a la minera pese a las objeciones. Una de ellas, la duda sobre si la minera levantó las observaciones que hizo UNOPS al primer Estudio de Impacto Ambiental. La única aclarada es sobre el uso del agua. Ya no usarán la subterránea ni la del río, sino que desalinizarán el mar. Por otro lado, la compañía de capitales mexicanos prometió un seguro que indemnice a los agricultores de ser perjudicados con una posible contaminación.

La protesta indefinida ya lleva una semana. Se radicaliza. El gobierno invitó a Arequipa al diálogo. La respuesta ha sido que mientras no haya anulación de la licencia de construcción, no es posible dialogar.

Los sociólogos Alipio Montes Urday y José Luis Ramos Salinas coinciden en que las protestas en el valle de Tambo contagiaron los demás conflictos. El escenario puede ser peor.

En el caso de Moquegua, algunos gremios plantean la suspensión del proyecto minero Quellaveco, cuya inversión asciende a 5 mil 300 millones de dólares.

Dirigentes como Óscar Zeballos sostienen que Anglo American incumple acuerdos: priorizar la mano de obra para moqueguanos, tampoco efectúa compra a los proveedores.

El gerente de Relaciones Institucionales de Anglo American, Alfredo Mogrovejo, sostiene que es el comité de monitoreo donde deben debatirse estos temas y que la minera cumplirá sus compromisos. Para el 25 y 26 de julio harán una protesta contra ellos.

El presidente Martín Vizcarra indicó que debe revisarse si Quellaveco cumple los acuerdos, pero suspender la construcción de la mina no es la solución.

Candarave y el agua

Southern tiene otro frente abierto en Tacna: la provincia de Candarave. Los dirigentes piden cancelar la licencia de agua, 1 950 litros por segundo (l/s) para sus operaciones en Cuajone y Toquepala. A raíz de protestas en el 2011, se formó una mesa de diálogo. En 2013 la minera se comprometió a crear un fondo de desarrollo de 255 millones de soles en Candarave, para proyectos hídricos y de impacto social.

Este año, los alcaldes hicieron nuevos pedidos: que Southern otorgue 17 l/s a Candarave y renegociar el fondo. No recibieron el sí de la minera y el diálogo se rompió. El presidente de la Junta de Usuarios de Candarave, Abdy Chambilla, exige que la compañía utilice agua de mar, como hará en Islay.

Southern aceptó que existe déficit hídrico en Tacna, aunque señala que aún existen 127 millones de soles del fondo de desarrollo para obras hídricas.

Escenario sensible

Alipio Montes precisa que, por sus características, la minería es una actividad que atrae la conflictividad. La razón, usa recursos naturales como el agua e impacta en el medio ambiente.

El reporte de la Defensoría del Pueblo señala que el 62.4% de conflictos socioambientales está relacionado con la minería.

Al respecto, Montes lamenta la actuación del Estado, que no interviene para prevenir el conflicto. Un ejemplo es el caso de Tía María. Después de la pausa dada en 2015, no hubo espacios de diálogo entre Southern y la población.

Aunque las protestas por ahora son pacíficas, siempre existe la posibilidad del desborde. Montes precisa que la actuación con cautela de las fuerzas del orden es fundamental. “Los conflictos escalan cuando hay prepotencia o abuso de una parte”, expresa.

En tanto, José Luis Ramos sostiene que el gobierno podría ser desestabilizado por los conflictos, si otras fuerzas políticas de izquierda los apoyan explícitamente. Sin embargo, añade que sus dirigentes lo pensarán bien, pues desestabilizar a Vizcarra significaría empoderar al fujimorismo.

Rolando Luque prefiere no ponerse en un escenario violento. Sostiene que el diálogo es primordial, sobre todo en el valle de Tambo.

Ahí el escenario es complejo. Un sector no desea ofrecimientos, sino simplemente quieren a la minera fuera de Islay. Según Luque, el Estado debe garantizar que la actividad minera no afectará un medio de vida como la agricultura. Además, debe ofrecer un paquete concreto de proyectos de desarrollo.

Oportunidad para desarrollo

José Luis Ramos considera que el Ejecutivo juega al desgaste en Tía María. Mantener un paro indefinido por mucho tiempo será complicado para los agricultores. Y Southern no tiene apuro en construir.

Por su parte, Alipio Montes expresa que el diálogo debería ser de interés para los agricultores, sería una oportunidad para que Southern y el Estado financien un programa de desarrollo para Islay.

En el caso de las protestas en Moquegua y Tacna, Luque sostiene que en otras oportunidades las partes ya se sentaron a conversar y ese es el camino.

Para Luque, el diálogo es el único camino. En ese sentido, exhortó a las autoridades a no asumir posturas radicales. “El deber de una autoridad elegida por el pueblo es promover el diálogo, no utilizar un lenguaje agresivo, es un momento para la serenidad”, señaló Luque.