Jueces políticos

La corrupción debe ser combatida con la ley y dentro de la ley.

La corrupción debe ser combatida con la ley y dentro de la ley.

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Un reportaje del portal The Intercept, del acreditado periodista Glenn Greenwald, ha revelado las coordinaciones sostenidas por el exjuez Sergio Moro y el fiscal coordinador de la Operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, durante la investigación del caso.

La revelación es grave, directa y puede tener implicancias tanto procesales como políticas en Brasil, un país sacudido tanto por la corrupción como por una respuesta firme desde la justicia, la sociedad y los medios, una gesta respaldada dentro y fuera de ese país. 

Los datos dan cuenta de una trama ilegal dentro de una trama ilegal. Los hechos son contundentes, aunque el exjuez Moro, ahora ministro del ultraconservador gobierno de Jair Bolsonaro, ha intentado quitarles valor y seriedad. Según ellos, Moro orientaba y coordinaba la investigación de los casos que luego juzgaba con el objetivo de facilitar las condenas, especialmente del expresidente Luiz Inacio Lula, probablemente para impedir una eventual victoria electoral suya; sugería cambiar la secuencia de la investigación; reclamaba agilizar los procesos para evitar la actuación política de los procesados; y anticipó por lo menos una decisión que luego adoptaría, antes de la presentación de las evidencias.

Las conclusiones de The Intercept son firmes: “La Constitución estableció el sistema acusatorio, en el cual las figuras del acusador y del juzgador no pueden mezclarse. En ese modelo, el juez debe analizar de manera imparcial los argumentos de acusación y defensa. Las conversaciones entre Moro y Dallagnol demuestran que el actual ministro se entrometió en el trabajo del Ministerio Público”.

En Brasil, como en otros países, es ilegal una relación extra proceso entre el fiscal y el juez, y esa sería la principal vulneración de los procedimientos. En ese caso, se habrían violado principios básicos de la administración de justicia, especialmente la separación muy marcada de las funciones del fiscal, que es acusar, y la del juez, que es juzgar, lo que debilitaría los requisitos de independencia y debido proceso previos a una sentencia. Por lo pronto, el Consejo Nacional del Ministerio Público (CNMP) de Brasil anunció que investigará el intercambio de mensajes.

Lo sucedido no anula la realidad, como la gigantesca corrupción brasileña, y los esfuerzos de la justicia para extirpar ese cáncer social. Sin embargo, y aún a la espera de los primeros resultados judiciales, dejan la lección de que los magistrados deben de buscar la justicia en todos sus actos procesales, y no los efectos políticos.

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