Pueblos indígenas podrán participar en la toma de decisión de proyectos con impacto ambiental

La ONG Desarrollo, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) sostiene que la implementación del Acuerdo de Escazú en el Perú beneficiará no solo a los 52 pueblos indígenas reconocidos en el país, sino a toda la población, debido al acceso de información, participación y justicia ambiental, así como en la toma de decisión de los proyectos con impacto ambiental.   

La especialista de gestión institucional en temas de infraestructura de DAR, Aída Gamboa Balbín, destaca la importancia del Acuerdo Regional, firmado por 15 países de América Latina y el Caribe, incluido el Perú, el último 27 de septiembre, en Nueva York, Estados Unidos. 

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“El Acuerdo de Escazú es un acuerdo de Derechos Humanos en temas ambientales. Se llama Acuerdo Regional de acceso a la información, participación y justicia ambiental, el cual recoge el principio 10 de la Declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo, que señala que los países deben desarrollar mejores mecanismos de acceso a la información, participación y justicia en los asuntos ambientales”, explica Gamboa Balbín.

La mayoría de conflictos en Latinoamérica y en especial en el Perú, es por la falta de información de los proyectos, debido a que no se da una participación plena de las poblaciones afectadas, anota la especialista de DAR. 

“El acuerdo establece que la participación sea desde el inicio, desde la toma de decisión, así como en la planificación. En el Perú, no tenemos un mecanismo que establezca que la población participe cuando se van a delimitar lotes de hidrocarburos, lo que hay son procesos informativos -que hace por ejemplo PeruPetro- pero no hay procesos en los que la población pueda participar efectivamente en la toma de decisión, si se licita o no”, destaca. 

Gamboa comenta que en el país se ha implementado la participación ciudadana durante la elaboración de los estudios de impacto ambiental, pero no desde la toma de decisión. Por ello, el Acuerdo de Escazú beneficiará a todos los pueblos indígenas, si es que el Congreso de la República lo llega a ratificar y a implementar.

“El acuerdo propone de que el Estado haga estos mecanismos para que haya mayor diálogo con las poblaciones y en general con los ciudadanos, porque es para cualquier actividad que incumba al medio ambiente”, agrega. 

El impulso de DAR

La CEPAL hizo una propuesta en el 2012 del acuerdo, basándose en la ley de acceso a la información de la OEA. Desde entonces, la ONG DAR ha promovido el Acuerdo Regional en el Perú, el cual se aprobó en marzo de este año en Escazú, Costa Rica. 

“Desde el 2012 los países decidieron desarrollar el principio de tratados en un acuerdo con los demás estados de América Latina y el Caribe para establecer las obligaciones de los Estados en acceso a la información, participación y justicia, y también en la protección de defensores de medio ambiente”, explica. 

“La negociación empezó con reuniones preparatorias, entre la CEPAL y el Comité Directivo que era integrado por Costa Rica, Chile y 8 países, entre ellos Perú, en las que se trató cómo desarrollar el proceso de negociación”, precisa. “Fue largo porque en cada negociación se trataba un artículo y son 26 artículos con distintas disposiciones”, comenta Gamboa, quien estuvo presente en la firma del Acuerdo de Escazú, celebrado en Nueva York, en la que se logró que 15 países lo suscriban. No obstante, los Estados que no hayan firmado lo pueden hacer dentro de los dos años siguientes. 

El siguiente paso en Perú

El Acuerdo de Escazú fue firmado por el Ejecutivo, representado por la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, quien ha asumido el compromiso de promover la ratificación del Acuerdo en el Congreso. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha presentado los informes en el que resalta su importancia para trasladarlo a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, el cual deberá ser ratificado, pasar a votación en el Pleno del Parlamento y así se pueda implementar en el Perú. 

Cabe precisar que el tratado no permite que se hagan cambios, es decir el Congreso lo debe ratificar en su totalidad o no. La implementación del Acuerdo Regional deberá estar listo en el 2020 y estará bajo la dirección del Ministerio del Ambiente, que coordinará con las demás instituciones, como con el Ministerio de Justicia, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Poder Judicial, el Ministerio de Cultura, entre otras, que darán marcha a los mecanismos establecidos.