Texas reclama nueve islas del Río Bravo y autoriza el ingreso de sus fuerzas de seguridad: México exige respetar el tratado histórico de 1970
La comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, justificó la intervención argumentando posibles usos delictivos de las islas, aunque no se confirmaron actividades ilícitas en estas zonas.

El Gobierno de Texas autorizó el ingreso de sus fuerzas de seguridad a nueve islas ubicadas en el Río Bravo, en la frontera con México, entre Laredo y McAllen. La medida busca reforzar la vigilancia en estos territorios, cuya propiedad había sido considerada incierta por las autoridades estatales.
La decisión provocó una respuesta de la Cancillería mexicana, que pidió respetar el Tratado de Límites de 1970 y recordó que la delimitación fronteriza no puede establecerse unilateralmente. Según México, la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) es el organismo encargado de determinar a qué país pertenecen estas islas.
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Texas permitirá que sus fuerzas ingresen y patrullen las islas
La autorización fue comunicada por Dawn Buckingham, comisionada de Tierras de Texas, mediante un oficio dirigido a las autoridades militares y de seguridad del Estado. La decisión permite acceder a los terrenos, limpiarlos y patrullarlos como parte de las operaciones para mantener la seguridad de la frontera sur.
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La Oficina General de Tierras de Texas (GLO) informó que revisó mapas históricos, fotografías aéreas, levantamientos topográficos y otros registros geográficos para determinar la titularidad de estos territorios. Además, justificó la medida al señalar que las islas fronterizas podrían ser utilizadas por cárteles y contrabandistas, aunque reconoció que no había confirmado actividades delictivas en las nueve zonas adicionales.
México recuerda que el tratado histórico
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México explicó que el acuerdo firmado el 23 de noviembre de 1970 establece que la frontera sigue el centro del cauce normal del río y, debido a los cambios naturales, la pertenencia de las islas puede variar por procesos como la erosión, la sedimentación y las inundaciones.
Por ese motivo, la Cancillería sostiene que corresponde únicamente a la CILA determinar el límite internacional y que cualquier intervención en estos territorios requiere la aprobación de ambas secciones del organismo.












































