Grecia: inicia juicio por escándalo de espionaje a políticos y periodistas con software Predator

En Grecia empezó un juicio por el espionaje telefónico a políticos y periodistas mediante el software espía Predator, tres años después de que se destapara este escándalo que sacudió al país durante el gobierno de Kyriakos Mitsotakis.

Este caso, descubierto en 2022 por el periodista económico Thanassis Koukakis (una de las víctimas), estremeció al gobierno conservador y provocó la renuncia del jefe de inteligencia y otros altos funcionarios.

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Culpables podrían ser condenados hasta 5 años de prisión

El escándalo comenzó en julio de 2022, cuando Nikos Androulakis, líder del Pasok-Kinal (partido opositor) y entonces miembro del Parlamento Europeo, reveló que su teléfono había sido objeto de un intento de infección.

En este juicio, dos ciudadanos israelíes y dos griegos son juzgados en el Tribunal Penal de Atenas acusados por violación del secreto de las comunicaciones telefónicas y se enfrentan a una pena máxima de 5 años de prisión.

El proceso, inicialmente previsto para marzo, se pospuso seis meses. Tres de los acusados son antiguos ejecutivos de la compañía griega Intellexa, que comercializaba el software Predator en ese país europeo.

Gracias a este software espía, los hackers pueden acceder a los mensajes, fotografías y videos de la víctima, incluso pueden activar de forma remota el micrófono o la cámara de los dispositivos infectados.

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Varios políticos y periodistas griegos fueron víctimas de espionaje

En 2023, Intellexa fue incluida en una lista de empresas prohibidas en Estados Unidos por suponer una amenaza para la seguridad nacional, junto con Cytrox, que desarrolló Predator en Macedonia del Norte.

Thanassis Koukakis aseguró que las interceptaciones fueron "una verdadera violación del estado de derecho. El periodista presentó una querella civil como parte de este juicio tras ser puesto bajo vigilancia con el software espía.

En medio del escándalo, el primer ministro  Kyriakos Mitsotakis, que en ese momento se enfrentó a una moción de censura en el Parlamento, insistió en que la vigilancia era legal.

Desde entonces, se prohibió su uso. La prensa publicó posteriormente listas de las personas espiadas, entre las que figuraban ministros, altos mandos militares, periodistas y ejecutivos de empresas.