Exjefa del Consejo Nacional Electoral de Venezuela fue sobornada con una casa por empresa electoral, según fiscalía de EE. UU.
La fiscalía de Estados Unidos acusa a Roger Piñate, fundador de Smartmatic, de sobornar a Tibisay Lucena con una residencia en Caracas en 2019 a cambio de favores para su compañía ante el CNE venezolano.
La República en GoogleLa fiscalía federal de Estados Unidos presentó cargos contra Roger Piñate, fundador de la firma electoral Smartmatic, por presunto soborno a Tibisay Lucena, quien lideró el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela entre 2006 y 2020. Según los documentos judiciales del Tribunal del Distrito Sur de Florida, Piñate transferó una vivienda de clase media alta en Caracas a la exfuncionaria durante el segundo trimestre de 2019, en compensación por gestiones favorables al proveedor electoral.
El juicio incluye pruebas materiales como escrituras, fotografías de la residencia con piscina y registros corporativos que acreditan el control de la propiedad a través de una empresa extranjera. El supuesto soborno formaría parte de una estrategia destinada a que Smartmatic recuperara contratos suspendidos por el Ejecutivo venezolano tras las elecciones parlamentarias de 2017.
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¿Qué reveló la fiscalía de EE. UU. sobre el soborno de la jefa del CNE?
La acusación detalla que Piñate entregó oficialmente la casa a Lucena Ramírez entre abril y julio de 2019. La residencia se describe como una casa de nivel medio-alto ubicada en Caracas, equipada con piscina. El inmueble pertenecía a Piñate mediante una corporación offshore.
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Según el escrito presentado en Florida, el soborno se vinculó a una controversia con el gobierno venezolano tras los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017. Smartmatic había reportado una discrepancia de aproximadamente un millón de votos entre la participación real y la cifra divulgada por el oficialismo, lo que desencadenó la ruptura de la relación con el Ejecutivo y la suspensión de pagos por servicios electorales.
Las autoridades estadounidenses señalan que, a cambio de la ayuda de Lucena como presidenta del CNE, Piñate ofreció formalmente la propiedad con documentos legales. El objetivo resultaba claro: asegurar el estatus de proveedor para futuras contrataciones en el sistema electoral venezolano.
Además, el caso también vincula a otros tres acusados: Jorge Miguel Vásquez (ciudadano estadounidense), Elie Moreno (estadounidense‑israelí) y Juan Andrés Donato (filipino), quienes supuestamente participaron en una trama de sobornos similar destinada a asegurar contratos en las elecciones filipinas de 2016. El expediente federal agrupa ambos episodios como parte de un esquema global de corrupción electoral.
¿Dónde está ahora Tibisay Lucena?
Actualmente, la fiscalía no indica si Lucena Ramírez reside en Venezuela o en el extranjero. Desde su salida del CNE en 2020, no hay registro público de que la exfuncionaria haya sido detenida por autoridades estadounidenses ni venezolana.
La investigación se centra en Piñate y sus colaboradores. En el expediente no figura una acusación formal contra Lucena, sino que aparece como beneficiaria del presunto soborno. La estrategia legal del caso apunta a demostrar que la casa implicó una gratificación a cambio de favores vinculados al CNE.
Entre los documentos, la fiscalía incluyó tres imágenes de la vivienda que habrían servido de evidencia. El propósito de este material consiste en reforzar la hipótesis de que Piñate transfirió el inmueble con fines ilícitos, en particular para presionar al organismo electoral venezolano.
