EEUU sanciona al presidente Miguel Díaz-Canel por protestas en Cuba de 2021: “Hubo violaciones a los derechos humanos”
La sanción de la administración de Trump al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, así como a otros funcionarios involucra el retiro de sus visas.
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El viernes 11 de julio, Estados Unidos anunció sanciones contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, junto a otros altos cargos de su administración, a través del retiro de sus visas. La decisión fue tomada bajo el argumento de que estas autoridades estarían involucradas en “graves violaciones a los derechos humanos” ocurridas durante las protestas sociales de 2021. Así se detalla en un pronunciamiento firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio.
En el mismo comunicado se precisa que Washington está adoptando medidas adicionales para restringir el acceso a visas a un grupo considerable de jueces y funcionarios penitenciarios cubanos. Según la Casa Blanca, estos habrían tenido responsabilidad directa o complicidad en la “detención arbitraria y tortura” de ciudadanos que participaron en las movilizaciones de julio de ese año.
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El mensaje de Marco Rubio contra el régimen cubano
Marco Rubio anunció que su oficina está en proceso de actualizar la Lista de Propiedades Restringidas y la Lista de Alojamientos Prohibidos en Cuba. En esta nueva revisión, se incorporarán 11 inmuebles vinculados directamente con el Gobierno cubano, entre ellos el hotel ‘Torre K’, un rascacielos de 42 pisos. El objetivo de esta medida, según precisó, es impedir que recursos provenientes de Estados Unidos beneficien a sectores que considera parte de la estructura y represiva y corrupta de Cuba.
Rubio, una figura importante en la política exterior de Estados Unidos sobre Cuba y conocido por su postura crítica frente al régimen de La Habana, recordó que hace cuatro años "miles de cubanos salieron pacíficamente a las calles para exigir un futuro libre" y, ante esto, las autoridades respondieron "con violencia y represión, deteniendo injustamente a miles".
El estallido social tras las protestas en Cuba en el año 2021
El 11 de julio de 2021 se vivió una jornada sin precedentes en Cuba desde 1959, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles con consignas como “Tenemos hambre” y “Abajo la dictadura”, en señal de hartazgo frente a la situación que atravesaba el país. Las protestas dejaron como saldo una persona fallecida, decenas de heridos y cientos de arrestos Ese mismo día, el presidente Miguel Díaz-Canel llamó a sus simpatizantes a enfrentar a quienes participaban en las movilizaciones, emitiendo lo que denominó como una “orden de combate”.
Asimismo, el mandatario responsabilizó al Gobierno de Estados Unidos por lo sucedido, al acusarlo de aplicar una política de presión económica con la intención de provocar "un estallido social". Según Díaz-Canel, estas acciones tenían como finalidad debilitar a su administración, "desacreditar el Gobierno y la revolución", y "fracturar la unidad del pueblo", como parte de un plan dirigido a forzar un cambio de régimen en la isla.
Es la primera sanción que recibe Miguel Díaz-Canel por parte de la administración de Trump
Es la primera vez que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recibe sanciones por parte de la administración de Trump, quien el 30 de junio presentó un memorando en el que afirmó que su gobierno pondría fin a prácticas económicas que, según sostuvo, beneficiaban de manera desproporcionada al régimen cubano, a las Fuerzas Armadas y a los organismos de Inteligencia y Seguridad, en perjuicio de la población.
El documento también estableció la prohibición de realizar transacciones financieras, "directas o indirectas con entidades controladas por los militares cubanos, como GAESA y sus afiliadas", y reiteró que se hará cumplir "la prohibición legal del turismo estadounidense a Cuba".
En ese mismo contexto, las autoridades estadounidenses denunciaron que alrededor de 700 personas siguen privadas de su libertad por haber participado en las protestas de julio de 2021, muchas de las cuales, aseguran, han sido víctimas de abusos o torturas. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos estiman que la cifra de detenidos oscilan entre 360 y 420.
