El veto de Trump a estudiantes internacionales pone a Harvard en la cuerda floja: ¿Quién ganará?
Harvard ha escalado con la prórroga de una orden judicial que suspende temporalmente el veto a estudiantes extranjeros.
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La lucha entre el gobierno de Donald Trump y la universidad de Harvard, una de las más antiguas y prestigiosas del mundo, ha alcanzado un nuevo capítulo tras la prórroga de una orden judicial que suspendía temporalmente el veto de la administración a la matrícula de estudiantes extranjeros en la institución. Este veto forma parte de una serie de medidas de Trump contra las universidades de élite de EEUU, especialmente dirigidas a la eliminación de políticas de diversidad, igualdad e inclusión. En el último curso académico, los estudiantes extranjeros representaron el 27% del total de la matrícula en Harvard, lo que subraya la importancia de estos estudiantes para la universidad tanto en términos académicos como financieros.
Harvard ha recurrido a los tribunales para bloquear estas medidas, argumentando que son ilegales y contrarias a la constitución de Estados Unidos. En respuesta, la jueza federal Allison Burroughs prorrogó una orden temporal que deja en suspenso la medida gubernamental hasta el 23 de junio. A partir de esa fecha, deberá tomar una decisión definitiva sobre si extender la suspensión o aplicar la medida de forma permanente. La universidad sostiene que estas acciones del gobierno son una forma de represalia por su independencia académica y su negativa a permitir que el gobierno federal controle sus decisiones institucionales.
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La respuesta judicial ante el veto de estudiantes extranjeros
El lunes pasado, la jueza federal Allison Burroughs prorrogó una orden judicial que mantiene suspendida la decisión del gobierno de Donald Trump de prohibir la matrícula de estudiantes extranjeros en Harvard. Esta orden temporal permanecerá vigente hasta el 23 de junio, fecha en la cual la jueza deberá decidir si extiende la suspensión o resuelve el caso de forma definitiva. Este revés judicial para la administración Trump refleja el impacto de las acciones legales emprendidas por la universidad, que ha apelado al sistema judicial para frenar lo que considera una medida ilegal.
Harvard ha argumentado en sus recursos judiciales que el veto contra los estudiantes internacionales es parte de una campaña de represalias del gobierno federal hacia la universidad, debido a su independencia en cuestiones académicas y de gobernanza. La universidad rechaza las políticas impuestas por el gobierno que buscan influir en sus decisiones educativas y en la composición ideológica de su comunidad académica, especialmente en relación con la diversidad e inclusión en el campus.
Las repercusiones económicas y académicas del veto
Además del veto a los estudiantes extranjeros, el gobierno de Trump ha tomado medidas drásticas contra Harvard, como la congelación de más de US$ 3.200 millones en subvenciones federales y contratos que la universidad tenía firmados con el gobierno. Esta reducción en los fondos federales ha afectado tanto a la universidad como a los proyectos de investigación que lidera. Harvard también ha sido excluida de futuras ayudas federales, lo que podría tener consecuencias económicas a largo plazo, especialmente para la investigación académica y los recursos destinados a programas educativos.
Estas medidas se han sumado al veto a los estudiantes internacionales, los cuales representan una fuente importante de ingresos para la universidad. En su defensa, Harvard ha subrayado que estas acciones del gobierno buscan socavar su autonomía académica y su capacidad para llevar a cabo una educación de calidad e inclusiva, libre de injerencias externas. La universidad continúa luchando en los tribunales para garantizar que se respeten sus derechos y los de sus estudiantes, independientemente de las presiones del gobierno federal.
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