El video que Miguel Uribe Turbay grabó antes del atentado: planeaba denunciar al gobierno de Petro por prevaricato

El 11 de junio se difundió un video grabado por Miguel Uribe Turbay, poco antes de sufrir el atentado. El material fue publicado por su equipo en la red social X, en cumplimiento de una instrucción del propio senador: hacerlo público una vez que se firmara el decreto del Consulado Popular, impulsado por el presidente Gustavo Petro. En el video, Uribe afirmó que la medida vulnera la Constitución y representa una amenaza para la democracia.

Además, el precandidato adelantó que presentará una denuncia penal por prevaricato contra el jefe de Estado y los ministros que firmaron el documento. Aseguró que ninguno de ellos está por encima de la ley y deberán responder por haber respaldado lo que calificó como un acto ilegal. En su declaración, resaltó que la defensa de la institucionalidad exige actuar con firmeza y dentro del marco legal, en resguardo del futuro del país.

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¿Qué es lo que dijo Miguel Uribe en el video antes del atentado?

El equipo de trabajo de Uribe publicó en su cuenta oficial de X un video grabado por el legislador antes del atentado que sufrió, con la indicación de que se difundiera solo cuando se hiciera oficial la firma. En el mensaje, aseguró que el decreto va en contra del orden constitucional: "El presidente Gustavo Petro ha expedido un decreto que va en contra de la Constitución y que pone en riesgo la democracia. Es un autogolpe de Estado. Se trata de un acto abiertamente ilegal. Es por eso que vamos a demandar ante el Consejo de Estado la nulidad de este decreto por falsa motivación y violación del artículo 104 de la Constitución".

Además, anunció que presentará una denuncia penal como medida de defensa del marco legal en Colombia. "Presentaremos denuncia penal por prevaricato en contra del presidente en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, pues nadie está por encima de la ley. También denunciaremos por prevaricato a los ministros que firmaron este acto ilegal. La ley es para todos. Sin excepción. Así defendemos la democracia y el futuro del país. Seguimos actuando con firmeza y dentro de la ley", detalló.

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Gustavo Petro firmó el decreto de la Consulta Popular

Mediante su cuenta de X, Petro anunció: "He firmado el decreto que convoca a la consulta popular. Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente, sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes. Enviamos el decreto de la Consulta Popular a la Corte Constitucional".

De esta manera, el mandatario colombiano informó el miércoles 11 de junio la expedición de un decreto, firmado por él y todo su gabinete, que convoca a los ciudadanos a una consulta popular. Esta iniciativa, similar a un referendo, busca que la población se pronuncie sobre una docena de preguntas relacionadas con reformas laborales y sanitarias.

A pesar de que diversos juristas y sectores políticos cuestionaron la medida, señalando un posible abuso del poder Ejecutivo, Petro reiteró su decisión durante un acto en Cali. "Convóquese al pueblo de Colombia a una consulta popular en el territorio nacional para que, en ejercicio de su soberanía, el día siete (7) de agosto de 2025 decida si aprueba o rechaza las siguientes preguntas de trascendencia nacional", se lee en el decreto, que aún está pendiente de ser publicado en la página oficial de la Presidencia, como establece el protocolo para la entrada en vigencia.

¿Qué es lo que dice el decreto de la Consulta Popular?

En el primer artículo, el Ejecutivo invoca una "excepción de inconstitucionalidad" para dejar sin efecto la votación del Senado del 14 de mayo, que había rechazado dicha convocatoria. "Con fundamento en lo previsto en el artículo 4 de la Constitución, inaplicar por inconstitucional el acto mediante el cual el Senado (...) decidió dar concepto desfavorable frente a la consulta popular del orden nacional solicitada por el Presidente de la República", señala el decreto. En las consideraciones, el Gobierno dedica cerca de diez páginas a argumentar por qué desconoce la decisión del Congreso, alegando irregularidades como la celeridad de la votación, la ausencia de lectura de la proposición, y cambios en votos de algunos senadores.

El segundo artículo convoca oficialmente a la consulta, reiterando las 12 preguntas que el Senado rechazó. A su vez, el tercer punto entrega a la organización electoral la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los principios de la administración pública durante el proceso. También establece que las campañas podrán realizarse desde el 11 de junio hasta el 6 de agosto. Además, autoriza al Gobierno nacional y a las entidades territoriales a diseñar estrategias pedagógicas para informar a la ciudadanía sobre el contenido de la consulta, según lo previsto en la Ley Estatutaria 1757 de 2015.

En los artículos finales se ordena comunicar la convocatoria a la Registraduría, que deberá organizar el proceso, aunque persiste la duda sobre si su registrador, Hernán Penagos, acogerá el decreto o respaldará la negativa del Senado. Finalmente, el decreto será remitido a la Corte Constitucional para su revisión, aunque existe controversia sobre si esa es la entidad competente o si debería pronunciarse el Consejo de Estado, dado que se trata de un decreto presidencial.