Justicia de Bolivia frena contratos de litio con empresas rusas y chinas por orden judicial urgente
Legisladores critican la falta de transparencia en los contratos. Bolivia sigue sin consolidar una industria del litio, impidiendo convertir sus vastas reservas en beneficios económicos y sociales.
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La Justicia boliviana emitió una medida cautelar que suspende de forma inmediata el tratamiento y ejecución de dos contratos de litio firmados entre el Gobierno de Luis Arce y las empresas extranjeras Uranium One de Rusia y Hong Kong CBC de China. La determinación surge tras una acción popular presentada por la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez, en defensa de los derechos colectivos de más de 50 comunidades indígenas del sudoeste de Potosí.
El juzgado ordenó al Ministerio de Hidrocarburos y a Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) abstenerse de avanzar con cualquier acción administrativa relacionada con estos acuerdos hasta que se resuelva el proceso judicial. Las comunidades exigen consultas previas, estudios de impacto ambiental y la creación de una Ley del Litio y Recursos Evaporíticos, antes de permitir la instalación de megaproyectos en el salar de Uyuni, una de las mayores reservas del mineral a nivel global.
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Comunidades frenan el avance de millonarios proyectos de litio
La medida fue celebrada por las comunidades originarias como un precedente histórico en defensa de sus territorios y del medioambiente. En un comunicado, la central provincial afirmó que “el juez dictó medidas cautelares históricas que frenan el avance de proyectos que amenazan nuestros derechos colectivos, nuestras fuentes de agua y a la Madre Tierra”.
Los contratos detenidos estaban en tratamiento legislativo desde noviembre de 2024. El primero, firmado en septiembre con Uranium One, preveía la producción de 14.000 toneladas anuales de carbonato de litio en Uyuni, con una inversión estimada en más de 970 millones de dólares. El segundo acuerdo, sellado dos meses después con CBC, contemplaba la construcción de dos plantas de litio de 10.000 y 25.000 toneladas de capacidad, con tecnología de extracción directa (EDL) y una inversión de 1.030 millones de dólares.
Ambos contratos de litio fueron cuestionados por su falta de socialización con las comunidades locales y por presuntas irregularidades. Legisladores y analistas denunciaron que los acuerdos no eran transparentes, ni ofrecían condiciones favorables para Bolivia. Algunas versiones señalan incluso que habrían sido aprobados bajo presiones indebidas y pagos ilícitos.
Críticas legislativas y denuncias de operación sin autorización
La diputada opositora Lissa Claros advirtió que, pese a que los contratos no estaban aprobados formalmente en la Asamblea Legislativa, ya se habían iniciado trabajos operativos en los salares por parte de las empresas extranjeras. “Con esto se estaría paralizando tanto los trabajos de operación que vienen haciendo estas trasnacionales como el tratamiento legislativo”, declaró en entrevista con radio Fides.
Según Claros, la paralización responde a la ausencia de estudios de impacto ambiental, requisito legal indispensable antes de cualquier intervención sobre ecosistemas sensibles como el salar de Uyuni. “Celebramos que hoy la justicia boliviana esté velando por los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y de la Madre Tierra”, sostuvo.
Las críticas apuntan también a la falta de una legislación específica sobre el litio en Bolivia. A diferencia de otras naciones que han avanzado hacia modelos de industrialización con valor agregado, el país se ha mantenido como un exportador de materia prima, con escasos beneficios económicos y sociales para las regiones productoras.
Bolivia y el estancamiento de su industria del litio
Bolivia forma parte del llamado “triángulo del litio”, junto a Argentina y Chile, que concentra más del 50% de las reservas globales del mineral estratégico para la transición energética. Sin embargo, su desarrollo industrial ha sido lento y accidentado. Pese a millonarias inversiones desde hace más de una década, el país sigue sin consolidar una cadena de valor que transforme el recurso en productos manufacturados.
La promesa de convertir al litio en motor del desarrollo nacional ha chocado con obstáculos estructurales y políticos. Cambios de estrategia, falta de consenso social, conflictos territoriales y ausencia de una ley marco han impedido consolidar el proceso. La suspensión de los contratos con Rusia y China profundiza esta parálisis y reabre el debate sobre el modelo de aprovechamiento del recurso.
- Empresas involucradas: Uranium One (Rusia) y Hong Kong CBC (China).
- Tecnología propuesta: Extracción directa de litio (EDL).
- Inversión estimada: Más de 2.000 millones de dólares en total.
- Ubicación: Salar de Uyuni, departamento de Potosí.
- Producción esperada: 14.000, 10.000 y 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio.
- Medida judicial: Suspensión inmediata del tratamiento legislativo y operaciones administrativas.
