ONU critica ampliación de delitos con prisión automática en México
Türk instó al Senado mexicano a detener el estudio de esta legislación, argumentando que la prisión automática vulnera principios esenciales de derechos humanos y no debe ser la norma.
La República en GoogleEl alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, criticó este viernes una reforma efectuada en México que amplía la lista de los delitos por los cuales una persona puede permanecer presa sin sentencia.
Hace una semana, la Cámara de Diputados incluyó la extorsión, el contrabando y el tráfico de fentanilo en la lista de cargos que ameritan prisión preventiva de oficio, una figura por la que muchos mexicanos estuvieron detenidos más de una década sin ser condenados.
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La legislación actual establece que esa medida no debe extenderse más de dos años.
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Esa reforma constitucional aún debe ser aprobada por el Senado, al cual Volker Türk pidió "detener" su estudio por considerar que la prisión automática "contraviene principios esenciales de derechos humanos", según un comunicado difundido desde Ginebra.
A su juicio, esta figura "no debe ser una práctica general, sino una medida basada en una decisión individualizada por parte de una autoridad judicial de que las circunstancias de cada caso justifican" el arresto.
Aunque reconoció que México enfrenta grandes desafíos en seguridad y acceso a la justicia, Türk manifestó que la prisión preventiva oficiosa "no es la respuesta".
México registró el año pasado una tasa de homicidios de 23,3 por cada 100.000 habitantes, especialmente por la violencia del crimen organizado, según Insight Crime, mientras oenegés reportan índices de impunidad por encima de 90%.
Pero el alto comisionado sostuvo que antes que ampliar la prisión automática, el país requiere fortalecer la capacidad investigativa de las fiscalías para demostrar la necesidad de esa medida y considerar "alternativas a la privación de la libertad".
En abril de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por el caso de Daniel García y Reyes Alpízar, quienes fueron detenidos en 2002 y estuvieron presos 17 años sin sentencia.
