Sociedad Interamericana de Prensa aprueba acuerdo del respeto de los principios de libertad de expresión en la era digital

En su 80ª Asamblea General, celebrada en Córdoba, Argentina, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reafirmó su compromiso con la defensa de la libertad de expresión al aprobar la Declaración de Salta II. Este acuerdo representa una respuesta urgente ante las nuevas amenazas que enfrenta el periodismo en la era digital, como la censura en internet, el control de la información en las plataformas digitales y el uso de la inteligencia artificial.

La SIP advirtió que la concentración de mercado digital y el uso de algoritmos pueden limitar el acceso a información veraz, lo que afecta no solo a los medios de comunicación, sino también a los derechos humanos y la democracia en las Américas.

Los desafíos del periodismo ante la inteligencia artificial y las plataformas digitales

La Declaración de Salta II abordó los desafíos que el periodismo enfrenta en la era digital, con un enfoque en la inteligencia artificial (IA) y su impacto en los medios de comunicación. La SIP subraya que la IA, utilizada en las plataformas digitales para seleccionar y distribuir contenido, puede restringir la libertad de expresión si no se regula de manera adecuada. Asimismo, señala que la opacidad en los algoritmos y la falta de control sobre cómo se presenta la información en las plataformas sociales y los motores de búsqueda puede llevar a una forma moderna de censura, invisible pero muy eficaz.

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El acuerdo también subraya la necesidad de un marco regulatorio que garantice la transparencia en el uso de IA por parte de empresas tecnológicas y que permita a los medios de comunicación competir en igualdad de condiciones. Además, la concentración de poder en pocas plataformas amenaza la diversidad informativa, lo que repercute negativamente en el periodismo digital y el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y plural.

La represión y violencia contra periodistas en las Américas: un problema estructural

Otro de los puntos clave del acuerdo es la denuncia de la represión y violencia contra periodistas en las Américas. Según el informe de la SIP, la región sigue siendo una de las más peligrosas para ejercer el periodismo, con cientos de ataques a periodistas en los últimos años, incluyendo asesinatos, amenazas y censura directa por parte de gobiernos autoritarios.

La SIP destacó casos en países como México, Venezuela y Nicaragua, donde las agresiones a periodistas han alcanzado niveles alarmantes. La Declaración de Salta II hace un llamado urgente a los gobiernos para que protejan a los periodistas y garanticen su seguridad en el ejercicio de su profesión. El acuerdo también alerta sobre el uso de la censura en internet y la represión como mecanismos para silenciar a la prensa, lo que debilita la democracia y los derechos humanos.

Principios fundamentales de la Declaración de Salta II:

• Igualdad de derechos: Las libertades de expresión y de prensa deben ser garantizadas de igual manera en entornos digitales y tradicionales.
• Políticas públicas de internet: La legislación debe asegurar un espacio digital abierto, neutral, accesible y alineado con los derechos humanos, considerando las opiniones de todos los actores involucrados.
• Protección de la expresión pública: Los gobiernos no deben restringir la expresión de interés público en línea ni sancionar a quienes critiquen a funcionarios o personas en el ámbito público. Cualquier reclamo civil debe demostrar real malicia.
• Restricciones legales: Cualquier limitación al derecho de difundir información en internet debe estar respaldada por ley, conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos.
• Censura previa: El bloqueo y filtrado estatal de contenidos se consideran censura previa, prohibido por la Convención Americana de Derechos Humanos.
• Ambiente seguro para informadores: Los Estados deben garantizar un entorno libre de violencia para quienes informan, con investigaciones y sanciones rápidas ante agresiones.
• Vigilancia digital: La vigilancia digital debe ser limitada y justificada por fines legítimos, evitando la vigilancia masiva que infrinja libertades y privacidad.
• Protección de fuentes: Las leyes deben garantizar el derecho de los periodistas a proteger la identidad de sus fuentes y permitir el uso de encriptación y anonimato.
• Derecho a la información: La eliminación o desindexación de información de interés público atenta contra el derecho a la información, aunque se reconozca la importancia de la protección de datos personales.
• Desinformación y educación: La desinformación no debe combatirse con censura o sanciones, sino mediante políticas de alfabetización noticiosa. Los intermediarios tecnológicos deben autorregularse para prevenir la desinformación.
• Responsabilidad legal en plataformas: Los gobiernos no deben imponer responsabilidades legales a los actores digitales por el contenido de terceros que generen o compartan.
• Balance en el ecosistema digital: Los actores digitales deben equilibrar la libertad de expresión, derechos de autor y propiedad intelectual, evitando prácticas abusivas que perjudiquen la competencia y la circulación de información.