Corte Suprema de EEUU mantiene en vigor normas para frenar emisiones de mercurio y metano
La decisión fue aplaudida por el Consejo para la Defensa de Recursos Naturales, que considera vital mantener en vigor estas salvaguardias ambientales frente a la oposición de las empresas afectadas.
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La Corte Suprema de Estados Unidos se negó este viernes a bloquear las normativas medioambientales destinadas a reducir las emisiones nocivas de mercurio de las centrales de energía y de metano de las instalaciones de petróleo y gas.
El alto tribunal, sin hacer comentarios, rechazó una petición de grupos industriales y fiscales generales republicanos que habían solicitado que las normas de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) quedaran en suspenso mientras continuaban litigios sobre su aplicación en instancias inferiores.
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La reglamentación de la EPA, amparada en la Ley de Aire Limpio, tiene por objeto limitar las emisiones de mercurio y otros contaminantes atmosféricos tóxicos de las centrales de energía a carbón y frenar las emanaciones de metano -un gas supercontaminante de efecto invernadero- de las instalaciones de petróleo y gas.
Esas medidas han sido impugnadas por las compañías eléctricas y mineras y las empresas petroleras y gasíferas, que las consideran innecesarias y costosas.
La organización sin ánimo de lucro Consejo para la Defensa de Recursos Naturales (NRDC, siglas en inglés) acogió con satisfacción la decisión la Corte de permitir que las normas de la EPA sigan en vigor por ahora.
"La Corte Suprema ha rechazado con sensatez dos intentos de la industria de detener salvaguardias fundamentales", dijo en un comunicado David Doniger, abogado del NRDC.
"Durante demasiado tiempo, se ha permitido a los productores de petróleo y gas ignorar las fugas en sus propios equipos y dejar que el metano peligroso y los compuestos que forman smog contaminen nuestro aire", dijo Doniger.
En junio, el alto tribunal bloqueó temporalmente la aplicación de una medida de la EPA dirigida a frenar la contaminación atmosférica que se propaga a través de las fronteras estatales desde instalaciones como las centrales eléctricas.
El plan de "buena vecindad" no habría entrado en vigor hasta 2026, pero una serie de estados y empresas solicitaron que se bloqueara mientras se dirimía el litigio en su contra en un tribunal inferior, petición que la Corte aceptó en una decisión de 5 jueces contra 4.
Esa resolución fue la tercera en los últimos años que pone trabas a las competencias de la EPA, después de que en 2023 asestara un duro golpe a la autoridad de la agencia para regular los humedales y en 2022 los gases de efecto invernadero.
