Guatemala renueva permisos a mina suiza de níquel luego de que Estados Unidos levante sanciones por "corrupción"

Guatemala ha autorizado la reactivación de una mina de níquel perteneciente a la compañía suiza Solway Investment, tras la eliminación de sanciones impuestas por Estados Unidos debido a acusaciones de "corrupción". Esta decisión permitirá que la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (PRONICO) y la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), ambas subsidiarias de Solway, retomen sus operaciones en los próximos meses.

Las operaciones de PRONICO y CGN habían sido suspendidas en marzo de 2023, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyera a estas empresas en su lista de sanciones por "corrupción" y "tráfico de influencias". Tras la revocación de las sanciones en enero de 2024, el gobierno guatemalteco otorgó los permisos necesarios para que PRONICO reanude la exportación de níquel.

¿Por qué se levantaron las sanciones y qué implica para PRONICO?

El levantamiento de sanciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos fue un paso crucial para que PRONICO y CGN pudieran reactivar sus operaciones. Según informó Julio Luna, jefe de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala, PRONICO recibió las credenciales necesarias para reanudar las exportaciones de níquel. Con estos permisos, la empresa puede retomar las acciones necesarias para poner en marcha su planta de procesamiento, adquirir la materia prima necesaria y comenzar a comercializar el producto procesado en los mercados internacionales.

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PRONICO ha anunciado que espera reiniciar la producción en un plazo de 8 a 10 meses, una vez que aseguren el financiamiento necesario, el cual será gestionado a través de bancos internacionales. La compañía ha subrayado que, en este proceso de reactivación, ha adoptado nuevas prácticas de lucha contra el soborno y la corrupción, además de reforzar el respeto a los derechos humanos bajo la supervisión de expertos internacionales.

¿Cómo afectará la reactivación de la mina a las comunidades locales?

La mina, situada en los municipios de El Estor y Los Amates, en la región del Caribe guatemalteco, ha sido un foco de conflicto social y ambiental durante años. Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las comunidades indígenas mayas q’eqchi’, que se oponen a la explotación minera por los daños ambientales denunciados, han sido recurrentes. En 2017, una manifestación contra la mina terminó con la muerte de un pescador, lo que intensificó las tensiones en la región.

En noviembre de 2021, el gobierno de Alejandro Giammattei declaró un estado de prevención en la zona tras una larga protesta de indígenas que bloqueaban el paso de los camiones de la minera. La tensión en la región llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a condenar al Estado guatemalteco a finales de 2023, al considerar que violó los derechos de la comunidad maya q’eqchi’ por permitir la usurpación de sus tierras ancestrales para la explotación minera.

¿Cuáles son los próximos pasos para PRONICO y CGN?

Con la autorización de los permisos de exportación, PRONICO y CGN, subsidiarias de Solway Investment, están listas para reanudar sus actividades. Sin embargo, la compañía ha subrayado que la reactivación completa de la producción dependerá de la obtención del financiamiento necesario y de la implementación de sus nuevas políticas de cumplimiento en materia de derechos humanos y anticorrupción. Según el comunicado de la empresa, Solway y PRONICO estarán bajo la supervisión de otra filial de Solway basada en Estados Unidos, la cual monitoreará el cumplimiento de estas nuevas prácticas.

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Mientras PRONICO y CGN avanzan en su plan de reactivación, la supervisión internacional será clave para garantizar que las operaciones se alineen con los nuevos estándares adoptados por la empresa. A medida que las comunidades locales continúan expresando sus preocupaciones sobre los impactos ambientales y sociales de la mina, el desafío será equilibrar el desarrollo económico con el respeto a los derechos de las comunidades indígenas y la preservación del medio ambiente.