Japón: acusan penalmente al presunto asesino del ex primer ministro Shinzo Abe a 6 meses del crimen
De acuerdo con los medios locales, Yamagami admitió matar al ex primer ministro por considerar que tenía vínculos con la Iglesia de la Unificación, a la cual su madre realizó cuantiosas donaciones y provocó el quiebre de su familia.
La República en GoogleEste viernes 13 de enero, la Fiscalía de Japón imputó al hombre sospechoso, de 42 años, identificado como Tetsuya Yamagami, de asesinar al ex primer ministro Shinzo Abe en un mitin en Nara, el 8 de julio de 2022. Tras una evaluación psicológica, determinaron que el acusado está en condiciones de enfrentar un juicio, según informaron los medios locales.
Yamagami, quien ahora será trasladado a una estación policial en Nara, enfrenta cargos de asesinato y violación de las leyes de control de armas, conforme al diario Yomiuri y la agencia Kyodo, y podría enfrentar la pena de muerte en caso de ser condenado.
Hasta el momento, la Fiscalía del distrito de Nara no se pronunció al ser consultada por AFP.
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De acuerdo con los medios locales, Yamagami admitió matar al ex primer ministro de Japón por considerar que tenía vínculos con la Iglesia de la Unificación, a la cual su madre llevó a cabo cuantiosas donaciones y provocó que su familia entre en quiebra. Además, las imágenes tomadas en el instante del crimen lo delatan, ya que se le ve disparando lo que parece ser un arma de fabricación casera.
Sin embargo, Abe no era integrante de la Iglesia de la Unificación. Solo una vez se dirigió a un grupo afiliado, al igual que lo han hecho otros dirigentes mundiales, como el expresidente estadounidense Donald Trump.
La organización negó estar implicada en actividades ilegales, incluso, se comprometió a evitar las donaciones “excesivas” de sus miembros.
Las investigaciones posteriores a la muerte del exfuncionario revelaron vínculos estrechos entre la iglesia y muchos legisladores conservadores del partido de gobierno, incluyendo un ministro que renunció. Estos resultados enojaron al país y afectaron la imagen de la gestión del jefe del Ejecutivo japonés, Fumio Kishida.
Como respuesta, el Gobierno ordenó una indagación que podría poner fin a las exenciones tributarias del movimiento religioso e impulsó leyes que endurecen las reglas para los donativos religiosos.
