La larga espera de la izquierda para gobernar Colombia

Irene Escudero. EFE

La llegada de Gustavo Petro es casi tan significativa como el hecho de que ahora tendrá a mano la espada del Libertador Simón Bolívar, que la guerrilla que él mismo integró, el Movimiento 19 de Abril (M-19), robó hace 48 años de la Quinta de Bolívar.

Tras la desmovilización de esta guerrilla urbana, la espada fue devuelta al Estado y ahora está custodiada en la Casa Nariño, que a partir de este 7 de agosto y por cuatro años ocupará el nuevo presidente. Petro ha logrado algo que hace unas décadas era impensable.

Carlos Pizarro, excomandante del M-19 y el primer exguerrillero que se presentaba a la Presidencia, fue asesinado en 1990 cuando la intención de voto le daba un 60 %, en un crimen que se ha atribuido al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la desmantelada agencia de inteligencia.

“Los mejores cuadros —hombres y mujeres— de la izquierda colombiana murieron en el intento, fueron asesinados por sus creencias, por su ideología, por sus posturas políticas”, recuerda la hija de este líder, María José Pizarro, senadora por la formación de Petro, el Pacto Histórico.

No fue un caso aislado. En esa misma campaña, el candidato de la Unión Patriótica (un partido de izquierdas surgido tras un intento fallido de paz con las FARC en 1985), Bernardo Jaramillo Ossa, también fue asesinado. Su partido, la UP, sufrió un genocidio que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que tiene un caso judicial abierto para juzgarlo, ha cifrado en 5.195 los militantes asesinados o desaparecidos.

Por más de 30 años hubo un “liderazgo acéfalo” de la izquierda, dice Pizarro, y aunque se conquistaron escenarios de poder, como la Alcaldía de Bogotá que el mismo Petro ocupó, no les dieron “la oportunidad de un relevo generacional”.

Despegue político

Ese relevo y ese despegue de la izquierda comenzó en 2018, cuando Petro quedó segundo en las presidenciales y “llegó una nueva camada de la izquierda” al Congreso, como define Pizarro. Lo permitió el acuerdo de paz con las FARC de 2016, el hartazgo de los ciudadanos con la política tradicional, con la corrupción, pero también las multitudinarias protestas de 2019 y 2021.

De momento, el presidente electo también se ha garantizado una mayoría en el Congreso, con el apoyo de diversas facciones políticas, lo que en principio le dejará impulsar las principales medidas que quiere emprender, como la reforma tributaria con la que pretende recaudar 50 billones de pesos (unos 11.500 millones de dólares) atacando evasores y personas de altos ingresos.

Las aspiraciones de Petro también pasan por retomar las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una política medioambiental ambiciosa para una transición energética que saque a Colombia de la dependencia del carbón y el petróleo, la citada reforma agraria o medidas para la seguridad alimentaria y que impulsen la producción de alimentos en el país. Pizarro augura, no obstante, que “no va a ser fácil”.

Plan Petro de consenso: “Un gobierno para todos...”

Entre los nombramientos en su gabinete ha premiado la experiencia —sobre todo en edad—, eligiendo a gente como el conservador Álvaro Leyva en la Cancillería, un hombre con andadura en negociaciones de paz, o a la liberal Cecilia López en Agricultura, que tendrá por delante la amplia tarea de la reforma agraria tan prometida y tan poco cumplida en Colombia.

Y también algunos más simbólicos, como el de Leonor Zalabata, una mujer indígena al frente de la diplomacia con la ONU, o para priorizar el medio ambiente en las relaciones con EEUU, al exministro de Medio Ambiente Luis Murillo.