Colombianos protestan por cuarto día consecutivo contra reforma tributaria
En plena tercera ola de la COVID-19, sindicatos, estudiantes, indígenas, oposición y otras organizaciones de la sociedad civil nuevamente tomaron las calles.
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Decenas de miles de personas se manifiestan este sábado 1 de mayo por cuarto día consecutivo en Colombia para exigir el retiro de una reforma tributaria que, según denuncian, castiga a la clase media en plena pandemia, mientras se multiplican denuncias de abusos por parte de la fuerza pública durante las protestas.
El anuncio realizado el viernes 30 de abril por el presidente Iván Duque sobre la reformulación del proyecto y el retiro de las propuestas más polémicas, como el aumento del IVA a bienes y servicios, no calmó los ardores de los manifestantes convocados por el Comité Nacional de Paro.
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En plena tercera ola de COVID-19, sindicatos, estudiantes, indígenas, oposición y otras organizaciones de la sociedad civil nuevamente tomaron las calles de las principales ciudades en el día internacional de los trabajadores y las trabajadoras, al ritmo de los cacerolazos.
Además de la capital, las manifestaciones se hicieron sentir con fuerza en Cali (suroeste) y Medellín (noroeste), así como en Barranquilla, Cartagena (norte) y ciudades intermedias.
La reforma, que fue planteada como una estrategia de aliviar el bolsillo de la cuarta economía latinoamericana para mantener la ayuda a poblaciones vulnerables en pandemia, suscitó el rechazo de decenas de miles de personas que salieron a marchar el miércoles 28 de abril, e incluso el partido de gobierno le hizo reparos.
En los días siguientes, se mantuvieron las protestas de forma menos concurrida; no obstante, este sábado 1 de mayo se retomaron con mayor intensidad.
El balance oficial da cuenta de 209 policías heridos, un uniformado fallecido y 203 arrestos realizados. Foto: AFP
Militarización
En respuesta a los disturbios que se dan en el centro y el suroeste del país, el Gobierno decidió militarizar la ciudad de Cali, capital de 2,2 millones de habitantes del Valle de Cauca, con la llegada de unos 3.000 soldados y policías.
Desde esa urbe, el ministro de Defensa, Diego Molano, denunció que los desmanes fueron orquestados por “organizaciones criminales”, entre las que se encuentran disidencias que no se acogieron al pacto de paz firmado con la guerrilla FARC en 2016.
De momento, el Gobierno mantiene silencio sobre la cantidad de civiles heridos en los últimos días, y solo reconoce un muerto, a pesar de que se multiplican denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública.
El balance oficial da cuenta de 209 policías heridos, un uniformado fallecido y 203 arrestos realizados.
La Fiscalía afirmó en un chat de periodistas estar investigando seis homicidios ocurridos durante las protestas para verificar “si tienen o no que ver con la conflictividad social que se está presentando en la región”.
Y la Defensoría del Pueblo (Ombudsman), autónoma, advirtió sobre 179 civiles lesionados y dos decesos en Neiva (centro) y Bogotá.
En un pedido de “acción urgente” radicado en el Congreso, 19 parlamentarios de oposición informaron que cuatro de las víctimas mortales podrían haberse dado por “el accionar de la Policía”.
Con información de AFP
