Las cuatro masacres por las que piden 30 años de cárcel contra Jeanine Áñez
La Defensoría del Pueblo de Bolivia sostuvo que bajo las órdenes de la expresidenta de facto murieron 37 personas en intervenciones policiales y militares.
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La exmandataria interina de Bolivia, Jeanine Áñez, fue detenida el último sábado en Trinidad, departamento de Beni, tras ser acusada de “terrorismo, sedición y conspiración” por el caso del golpe de Estado contra el Gobierno de Evo Morales en 2019.
Al día siguiente, la magistrada Regina Santa Cruz, del Juzgado Noveno de Instrucción Penal de La Paz, determinó arresto preventivo de cuatro meses para la expresidenta de facto. El decreto también recayó sobre sus exministros de Justicia, Álvaro Coímbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán, y se argumentó por la existencia de riesgo de escape de los aprehendidos.
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El titular de Justicia, Iván Lima Magne, comunicó que la cartera que lidera solicitó “una condena de 30 años” contra Áñez por las matanzas registradas en Senkata, Sacaba, Montero y la Zona Sur de La Paz durante su gestión (2019-2020).
“Acá ha habido masacres sangrientas, acá ha habido familias que han quedado sin padres, madres que han quedado sin hijos”, subrayó el ministro boliviano.
En febrero de este año, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz apuntó a Áñez como responsable de estas masacres y recordó que el 15 de noviembre de 2019, la exgobernadora firmó una resolución que autorizaba a las Fuerzas Armadas a restaurar el orden público sin que esto suscitara responsabilidad penal. Dos semanas después, lo anuló.
“Algo que jamás podrá negar la señora Áñez es que en su gobierno y bajo sus órdenes, murieron, en intervenciones policiales y militares, 37 personas”, expresó Cruz.
En octubre de 2020, la Asamblea Legislativa Plurinacional del país altiplánico aprobó un informe que indica que de esos 37 fallecidos, 27 fueron por impactos de bala. Además, sostiene que 861 personas salieron heridas por los enfrentamientos con las fuerzas del orden.
Sur de La Paz
De acuerdo al informe “Crisis de estado, violación de los derechos humanos en Bolivia octubre-diciembre 2019″ de la Defensoría del Pueblo, el 11 de noviembre de 2019, un día después de la salida de Morales y cuando Áñez anunció que asumiría el mando —que se concretó formalmente el 12—, hubo una severa represión policial contra la ciudadanía que se oponía al golpe en la Zona Sur de La Paz, precisamente en Pedregal, Rosales, Chasquipampa y Ovejuyo.
Según el escrito, estos lugares fueron escenario “de excesos por parte de la Policía, a través de actos como la aplicación de golpes, patadas, insultos racistas o discriminatorios, amenazas con armas de fuego y otros”, vulnerando los principios de proporcionalidad, necesidad y humanidad en el uso de la fuerza.
“Como consecuencia de estos actos, 18 personas resultaron heridas en la intervención policial, y tres personas perdieron la vida”, detalla el documento.
Montero
Según el informe de la Defensoría del Pueblo, el 13 de noviembre, en la localidad de Montero, en el departamento de Santa Cruz, ocurrió una movilización social que fue intervenida por decenas de agentes, después de una amenaza de saqueos al principal mercado de la zona.
En el sitio, donde hubo un enfrentamiento entre los manifestantes y los efectivos, “el uso excesivo de la fuerza policial tuvo como resultado el fallecimiento de Roberth Ariel Calisaya Soto de 20 años de edad, producto de un disparo de arma de fuego”, además de varios heridos, señala el reporte.
Sacaba
El 15 de noviembre de 2019, el día de la firma del mencionado decreto de Áñez, en la localidad de Huayllani, en el departamento de Cochabamba, se produjo una matanza cuando un millar de campesinos de la región de Chapare caminaban en dirección a la capital boliviana, donde tenían previsto manifestarse en contra del gobierno interino.
Los participantes de la protesta trataron de atravesar el puente Huayllani, que une a la ciudad de Sacaba con Cochabamba, pero se encontraron con un cerco policial y militar que les obstaculizó el paso. Momentos después, los uniformados empezaron a reprimir violentamente a los manifestantes. El saldo de esta matanza fue de 12 fallecidos y 125 heridos.
Senkata
Cuatro días después, ocurrió la segunda masacre, esta vez en la comunidad de Senkata, en la ciudad de El Alto, cuando un fuerte operativo, que buscaba despejar una planta de hidrocarburos bloqueada por manifestantes, terminó con la vida de 10 personas.
A parte de estos cuatro puntos, detalla el informe, hubo fallecidos y heridos en el municipio de Betanzos, Potosí; y en Yapacaní, Santa Cruz.
