Congreso de Brasil limita el poder de jueces y fiscales
Blindaje. Muchos políticos consideran que ley es una reacción contra quienes tienen a cargo la lucha anticorrupción en el caso Lava Jato. Esperan que el presidente Bolsonaro la vete.
Clarín
La Cámara de Diputados de Brasil aprobó en la noche del miércoles un proyecto de ley que recorta poderes de jueces y fiscales, al endurecer penas para funcionarios que cometan “abuso de autoridad”. La medida, considerada como una reacción de parte de la clase política contra Lava Jato y otras investigaciones anticorrupción, provocó una movilización en redes sociales para pedir al presidente Jair Bolsonaro que la vete.
El proyecto de ley, que contó con el apoyo de las bancadas centristas de la Cámara baja y del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), considera abuso de autoridad a medidas que tengan como objetivo primario “perjudicar a otra persona” o que sean decididas “por mero capricho o satisfacción personal”.
La ley tenía media sanción del Senado, donde fue aprobada en el 2017 con el apoyo enfático de miembros de ese cuerpo legislativo que enfrentaron investigaciones del caso Lava Jato y que son críticos de métodos usados por fiscales y jueces que forman parte de esa operación anticorrupción.
Limitan a la autoridad
Por la ley aprobada, que aún no fue sancionada por Bolsonaro, podrá ser considerado abuso de autoridad obtener pruebas por medios ilícitos, lanzar operativos con movilizaciones ostentosas para exponer a investigados al escarnio público, impedir encuentros reservados entre detenidos y sus abogados y trasladar a la fuerza a investigados o testigos para que presten declaración sin que hayan sido intimados previamente.
La nueva norma, que define 37 acciones que pueden ser consideradas abuso de autoridad, alcanza no solo a funcionarios del Poder Judicial, sino también del Ejecutivo y el Legislativo, así como a militares, policías y miembros del Ministerio Público Fiscal, entre otros.
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“Vale tanto para el guardia de esquina como para el presidente de la República. Solo teme quien abusa”, celebró el senador Renan Calheiros, del centrista Movimiento Democrático Brasileño (MDB), un crítico del Lava Jato que acusa al fiscal Deltan Dallagnol, coordinador del grupo de investigaciones del Ministerio Público en Curitiba, de ser un “militante político”.
Interesado apuro
Tratado en carácter de urgencia, aprobado rápidamente en votación simbólica –lo que impide que se sepa quién votó a favor y quién en contra– y con apoyo del presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, el proyecto es visto como un nuevo golpe para el Lava Jato, ya desgastado por la divulgación de grabaciones de conversaciones atribuidas al exjuez Sergio Moro, hoy ministro de Justicia y Seguridad Pública, y a fiscales, que sugieren que actuaron de forma coordinada y direccionaron investigaciones, lo que niegan.
Maia defendió el carácter de amplio alcance del proyecto diciendo que si solo se hubiera tratado de jueces y fiscales “iba a parecer una revancha (…) y no es eso lo que queremos, queremos una ley para quien extrapole las funciones”.
Despropósito legal
La ley, además, castiga con penas de hasta cuatro años de cárcel a funcionarios judiciales que confinen a detenidos de distinto sexo, una medida que tuvo como precedente el caso de una jueza que dejó presa a una adolescente durante casi un mes junto con 30 hombres en un presidio del norte de Brasil. La joven fue sometida a repetidas violaciones en manada.
Las reacciones no se hicieron esperar. “Ganan los delincuentes y los corruptos. Pierde la sociedad”, dijo sobre el proyecto aprobado el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Combate al Delito Organizado de la Cámara de Diputados, el legislador Sargento Fahur. En la misma línea, Paulo Ganime, diputado del partido Novo, dijo que “la Cámara de Diputados votó a favor de los criminales”.
Solo protege a “los criminales parásitos”
Asociaciones de jueces y fiscales consideraron, también, que la nueva ley presenta un riesgo para investigaciones, apoyando los pedidos de veto parcial o total.
El fiscal Paulo Oliveira, vía su cuenta de Twitter, se unió a la campaña pública que busca que Bolsonaro vete la medida, argumentando que “se destina a intimidar policías, fiscales y jueces. Es una cachetada a la sociedad brasileña que quiere el fin de la impunidad de los criminales parásitos”.
Claves
Censura. Líderes en la destitución de la expresidenta Rousseff piden que Bolsonaro vete el proyecto aprobado.
Amenaza. La diputada oficialista Zambelli dijo que la ley inviabilizará “todo el trabajo de policías, jueces y fiscales”.
