Ley MAPE: proyecto plantea dar prioridad a mineros en formalización para acceder a concesiones extinguidas
La propuesta reserva temporalmente determinadas áreas para su solicitud, pero no garantiza la entrega automática de concesiones ni resuelve las dificultades para obtener permisos ambientales y acuerdos con terceros.
La República en GoogleLa Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) busca atender uno de los obstáculos que enfrentan los pequeños productores para formalizarse, el acceso a las concesiones donde desarrollan sus actividades. El proyecto contempla mecanismos de reserva temporal y un derecho de preferencia en determinados casos vinculados a derechos mineros extinguidos, aunque su alcance dependerá de las condiciones que establezca la norma.
El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, sustentó la iniciativa ante la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados. Según explicó, el Ejecutivo busca dejar atrás los mecanismos temporales y establecer reglas permanentes para el sector, con el objetivo de que sus operadores puedan integrarse a las cadenas formales de producción y comercialización.
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Ley MAPE plantea mecanismos para acceder a concesiones mineras extinguidas
Entre los problemas que arrastra la formalización minera hay uno que la simple inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) no resuelve, contar con un área donde trabajar. La iniciativa intenta atender una parte de esa dificultad con una salida para los casos en que las zonas declaradas por los mineros en proceso de formalización coinciden con derechos mineros extinguidos. En esos supuestos, el proyecto plantea reservar temporalmente ciertas áreas y establecer un derecho de preferencia, siempre bajo las condiciones que fije la norma.
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Cabe recordar lo que exige la formalización, ya que no basta con estar en el registro. El operador debe acreditar que puede desarrollar su actividad en el área que declaró y cumplir con las exigencias administrativas y ambientales. Y si trabaja sobre la concesión de un tercero, muchas veces necesita además un contrato de explotación con el titular, un acuerdo que no depende solo de él.
Por eso, acceder a derechos mineros extinguidos podría abrir una alternativa en ciertos casos. Esto no significa que cualquier área quede libre ni que un inscrito pueda quedarse con una concesión de manera automática. El alcance final va a depender de los requisitos que se establezcan, de la situación particular de cada derecho minero y de cómo se resuelvan las solicitudes cuando varias coincidan sobre una misma zona.
Contratos de explotación: incentivos para los dueños de concesiones
El proyecto también busca facilitar los acuerdos entre pequeños mineros y titulares de concesiones vigentes. Para ello, plantea beneficios a quienes suscriban contratos de explotación por un periodo mínimo de tres años.
Según explicó Shinno, los titulares que celebren estos convenios podrían pagar el derecho de vigencia con la tarifa correspondiente a los pequeños productores mineros y quedar exentos de determinadas penalidades en el área comprendida en el acuerdo.
Este punto concentró parte de las observaciones formuladas durante el debate de la iniciativa. La discusión giró en torno a qué garantías existen para que los contratos se concreten y si el Estado debería contar con mecanismos adicionales para facilitar el acceso a concesiones sin actividad.
La propuesta también delimita las responsabilidades ambientales según exista o no un contrato vigente. Cuando hay un acuerdo, el operador respondería por las infracciones derivadas de su propia actividad. Si no existe contrato, el titular de la concesión podría asumir responsabilidad solidaria si la autoridad acredita su participación en los hechos. Este requisito fue cuestionado durante la sesión por las dificultades que podría generar para establecer responsabilidades ante un daño ambiental.
Formape asumiría permisos ambientales y trazabilidad del mineral
La Ley MAPE plantea crear el Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Formape), una entidad adscrita al Ministerio de Energía y Minas que concentraría buena parte de la operación del sistema: evaluaría los instrumentos de gestión ambiental, autorizaría el inicio o reinicio de operaciones y administraría los sistemas de información y trazabilidad.
Esa trazabilidad, que es el seguimiento del mineral a lo largo de su recorrido, no se limitaría al productor. La idea es registrar el camino completo, desde el origen y el traslado hasta la recepción, el procesamiento y la venta, de modo que también queden dentro del radar los acopiadores, transportistas y comercializadores.
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Además, el proyecto suma una ventanilla única que centralizaría los trámites y una casilla electrónica para comunicarse con los operadores. A eso se agrega la autorización expresa para que el Banco de la Nación ofrezca servicios bancarios a pequeños mineros y mineros artesanales, una medida con la que se busca incluirlos en el sistema financiero y, al mismo tiempo, seguir el rastro de sus transacciones.
Mientras el Formape no esté en funcionamiento, el Minem se encargará del régimen de consolidación y el Ejecutivo tendrá 120 días para presentar la propuesta que defina cómo se organizará el nuevo organismo y qué funciones tendrá.
