Petroperú: TC evaluará este martes demandas contra decreto que cuestionan su reestructuración
La Defensoría del Pueblo y la Municipalidad Provincial de Talara cuestionan la constitucionalidad del DU 010-2025, mientras Fenpetrol busca frenar en el Poder Judicial las medidas de reorganización que podrían afectar a la petrolera y sus trabajadores.
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El Tribunal Constitucional (TC) evaluará este martes 25 de agosto las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el Decreto de Urgencia 010-2025, norma que establece las bases para la reestructuración de Petroperú. Los procesos fueron promovidos por la Defensoría del Pueblo y la Municipalidad Provincial de Talara, que cuestionan tanto el uso de un decreto de urgencia para modificar el régimen de la petrolera como algunas de las medidas previstas para su reorganización.
La audiencia se realizará de manera acumulada, debido a que ambas demandas cuestionan el mismo dispositivo. La decisión del TC se producirá mientras, en paralelo, avanza en el Poder Judicial un proceso de amparo presentado por la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) contra la aplicación del decreto y sus posibles efectos sobre los trabajadores de Petroperú.
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El cuestionamiento surge por el alcance de los cambios que el Ejecutivo introdujo en la empresa estatal. El DU 010-2025 fue publicado el 31 de diciembre de 2025 y plantea una reorganización patrimonial de la empresa estatal. Entre sus medidas contempla cambios en su estructura, disposiciones sobre el personal y una participación de ProInversión en la definición y promoción de bloques patrimoniales.
Petroperú llega al TC: ¿qué cuestionan las demandas contra el decreto?
La Defensoría del Pueblo sostiene que el DU 010-2025 no reúne las condiciones constitucionales para justificar un decreto de urgencia, pues introduce cambios estructurales en Petroperú sin una situación extraordinaria e imprevisible que los sustente. También cuestiona que la norma incorpore a la petrolera al régimen de promoción de la inversión privada del Decreto Legislativo 674, pese a que la Ley 28244 la excluía expresamente de este esquema.
La Municipalidad Provincial de Talara, por su parte, observa las disposiciones vinculadas con la reorganización de Petroperú y sus trabajadores. Entre ellas figura la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria, que contempla medidas de reconversión y reducción de personal, así como cambios en la estructura orgánica de la empresa.
El cuestionamiento de Talara tiene además un componente económico. La actividad petrolera mantiene una relación directa con la provincia, por lo que una reducción de personal o una modificación importante de las operaciones de Petroperú podría repercutir en el empleo y en la actividad económica local.
El debate que llegará al TC, por tanto, no se limita a la situación financiera de la petrolera. El tribunal deberá determinar si el Ejecutivo podía utilizar un decreto de urgencia para establecer modificaciones que afectan el régimen y la estructura de una empresa estatal.
Fenpetrol lleva al Poder Judicial la disputa por la reestructuración de Petroperú
Mientras el TC revisará la constitucionalidad del decreto, Fenpetrol abrió otro frente en el Poder Judicial. La organización presentó una demanda de amparo ante el Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima contra la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Energía y Minas, ProInversión y Petroperú.
El proceso, identificado con el expediente N.° 00216-2026-0-1801-JR-DC-05, fue admitido a trámite y tiene una audiencia única programada para el próximo 5 de octubre de 2026.
Fenpetrol busca que el DU 010-2025 no sea aplicado en los aspectos que, según sostiene, afectan los derechos de los trabajadores. Entre sus cuestionamientos están las medidas vinculadas con la reducción de personal, los ceses colectivos y los cambios que podría generar la reorganización de la empresa.
A diferencia de las demandas que verá el TC, el proceso de amparo busca proteger derechos constitucionales frente a la aplicación de una norma. Por eso, ambos procesos pueden avanzar de manera paralela: mientras el TC analiza si el decreto es compatible con la Constitución, el Poder Judicial evaluará los efectos que su aplicación podría generar sobre los trabajadores.
El gremio también cuestiona el papel asignado a ProInversión dentro del proceso y advierte que la reorganización podría terminar afectando el control estatal sobre determinadas unidades de negocio de Petroperú.
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ProInversión y el futuro de Petroperú: trabajadores cuestionan el nuevo esquema
La participación de ProInversión genera reparos entre los trabajadores de Petroperú. Fenpetrol cuestiona que una entidad vinculada a la promoción de la inversión privada asuma un papel en la reorganización de la petrolera, al considerar que el esquema podría facilitar la participación privada en determinadas unidades de negocio.
El Colegio de Abogados de Lima (CAL) y el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) también han cuestionado el enfoque del DU 010-2025 y advertido sobre los riesgos de modificar la estructura de Petroperú sin una evaluación jurídica y técnica suficiente.
El punto de fondo es qué ocurrirá con el control de la empresa estatal. Para Fenpetrol, las medidas previstas podrían abrir el camino a la privatización de determinadas unidades o activos de Petroperú, una posibilidad que el gremio rechaza por el papel de la petrolera en el abastecimiento nacional de combustibles y la seguridad energética.
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