Congreso aprueba Presupuesto 2027 sin CTS completa para CAS ni pase a régimen 728

El texto aprobado mantiene una CTS gradual hasta 2030 y deja pendientes los pedidos de nombramiento de ex CAS COVID y cambio de régimen laboral en cinco entidades públicas, pese a los reclamos presentados durante el debate presupuestal.

Los trabajadores que lleguen a los 70 años solo recibirán el 10 % de la CTS por año, y no el 100 % que se planteaba.
Los trabajadores que lleguen a los 70 años solo recibirán el 10 % de la CTS por año, y no el 100 % que se planteaba.Composición LR/Congreso del Perú

El Congreso aprobó el Presupuesto Público para 2027 sin incorporar varias demandas laborales de los trabajadores estatales. Entre los pedidos que quedaron fuera figuran el pago del 100% de la compensación por tiempo de servicios (CTS) para los servidores CAS que cesen al cumplir 70 años, el financiamiento para el nombramiento de trabajadores ex CAS COVID y el traslado de personal contratado bajo esta modalidad al régimen laboral 728 en determinadas entidades públicas.

La aprobación se concretó el viernes 20 de noviembre, cuando la Cámara de Diputados y el Senado respaldaron el texto sustitutorio por un monto de S/266.506 millones.

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La ley contempla incrementos mensuales para los servidores de los regímenes 276, 728 y CAS desde enero de 2027, pero deja fuera varias de las demandas planteadas durante el debate sobre estabilidad laboral y reconocimiento de derechos.

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Trabajadores CAS recibirán una CTS gradual y no el 100% al cesar por edad

Uno de los pedidos que no prosperó fue establecer una excepción para que los trabajadores CAS que cumplan 70 años y cesen durante 2026 o 2027 reciban el 100% de su CTS. La propuesta buscaba evitar que quienes están próximos a retirarse perciban una compensación calculada con los porcentajes reducidos del cronograma vigente.

La Ley 32563 y el Decreto Supremo 142-2026-EF establecen que el beneficio se aplique progresivamente. Así, quienes cesen durante 2026 recibirán una CTS equivalente al 10% de su remuneración mensual por cada año de servicio; en 2027, el porcentaje subirá al 20%, llegará al 30% en 2028 y al 50% en 2029. El pago completo recién se aplicará desde 2030.

La solicitud fue planteada durante el debate presupuestal por el congresista Ernesto Zunini, a pedido del Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación. La intención era que los servidores que alcancen el límite de edad no tengan que esperar hasta 2030 para recibir el monto íntegro, pese a que el cese les impida continuar acumulando años de servicio.

Sin embargo, el texto aprobado no incorporó esa excepción, por lo que quienes se retiren en 2027 seguirán sujetos al porcentaje previsto para ese año.

Nombramiento de ex CAS COVID queda pendiente de financiamiento

Otra demanda que no consiguió incorporarse fue la asignación de recursos para avanzar con el nombramiento progresivo del personal ex CAS COVID. La Ley 32568 autoriza este proceso para trabajadores que prestaron servicios durante la emergencia sanitaria, pero su aplicación requiere respaldo presupuestal.

El pedido apunta a que la autorización legal no quede únicamente en el papel y pueda ejecutarse con recursos que permitan avanzar en la incorporación de estos trabajadores. Se trata de personal contratado bajo modalidades vinculadas a la emergencia sanitaria que busca acceder a una situación laboral más estable.

Pase de CAS a régimen 728 sigue pendiente en entidades públicas

También quedaron fuera las disposiciones solicitadas para facilitar el traslado de trabajadores CAS al régimen del Decreto Legislativo 728 en entidades como el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Agricultura, la Sunarp y la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Durante el debate presupuestal se pidió incorporar mecanismos para aplicar estos cambios de régimen, que permitirían a determinados trabajadores acceder a las condiciones laborales del 728. En el caso del Poder Judicial, su presidenta, Janet Tello, solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas una partida adicional de S/129,3 millones para financiar el proceso.

Las objeciones al presupuesto también alcanzaron otros aspectos. La congresista Ruth Luque cuestionó los cambios vinculados al CIRA, los requisitos de idoneidad para funcionarios y la falta de recursos para pensiones de maestros jubilados; además, advirtió sobre menores fondos para salud, agua y saneamiento. Mirtha Vásquez, por su parte, criticó las excepciones al control fiscal y administrativo, así como el uso de la Reserva de Contingencia para financiar obras específicas.

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