Proyecto de agua potable Vilcanota II en Cusco enfrenta paralización y pone en riesgo beneficio para medio millón de habitantes
Miles de habitantes de Cusco siguen sin acceso al agua potable, mientras que los retrasos y disputas entre actores gubernamentales y privados mantienen vigente la incertidumbre sobre el futuro de la obra.
- Aprueban ley que obliga a priorizar inversiones públicas retrasadas
- Inversión extranjera directa alcanza los US$1.407 mil millones y redefine la competencia global
La ejecución del acueducto Vilcanota II en Cusco, una de las obras de agua potable más importantes de todo el sur del Perú, se encuentra en un punto crítico debido a serios conflictos administrativos, sociales y territoriales que amenazan con paralizar una inversión superior a S/250 millones y restringir el acceso al agua para más de 500.000 personas.
El acueducto Vilcanota II, impulsado por el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) y proyectado para mejorar la distribución del recurso hídrico en la ciudad de Cusco, enfrenta obstáculos desde el inicio de su construcción.
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José Humberto Cabezas Mancilla, vicedecano del Colegio de Ingenieros del Cusco, explicó que varios frentes de la obra permanecen bloqueados. Los tramos que atraviesan Oropesa y Saylla han encontrado resistencia por parte de comunidades locales y asociaciones ganaderas, impidiendo el ingreso de los equipos técnicos y la continuidad de las labores programadas.
El problema incluye la restricción de acceso al reservorio R-12, controlado por comuneros que reclaman la propiedad de las vías de ingreso. Además, existen terrenos con litigios judiciales en manos de asociaciones de la zona, por lo que no se ha logrado la liberación total de las áreas necesarias para continuar el proyecto.
Las demoras en las autorizaciones de Provías Nacional y el hallazgo de evidencias arqueológicas también han complicado el avance físico de la obra.
Existe un patrón recurrente: las entidades responsables colocan la carga de las demoras sobre las empresas constructoras, imponen sanciones y amenazan con la resolución de contratos, mientras mantienen pendientes trámites fundamentales y temas críticos como las interferencias e indemnizaciones.
Los requerimientos de información realizados a algunos funcionarios han sido respondidos con evasivas o afirmaciones sobre la falta de competencia directa, lo que ha generado una cadena de responsabilidades difusa.
El antecedente más cercano es la megaobra de saneamiento La Nueva Rinconada en Lima, que durante su ejecución también fue suspendida a raíz de conflictos de interferencias técnicas y disputas territoriales.
En ese caso, funcionarias de Sedapal, como Paula Olarte, desempeñaron funciones clave antes de ser trasladadas al PNSU. Las protestas de vecinos de Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador exigieron la reactivación del proyecto destinado a beneficiar a más de 500.000 familias en la capital.
En el caso de Vilcanota II, la paralización definitiva supondría la pérdida de una oportunidad estratégica para incrementar la resiliencia urbana frente al crecimiento demográfico y las variaciones climáticas.
El vicedecano Cabezas Mancilla subrayó que, además del impacto social, la dilación afecta el desarrollo de la zona y posterga la consolidación de la seguridad hídrica en una de las regiones con mayor demanda de recursos básicos.
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