OCDE alerta que Perú podría incumplir metas de crecimiento y déficit fiscal

El más reciente Estudio Económico de la OCDE: Perú 2025, difundido bajo embargo hasta el 29 de septiembre, reconoce que el país mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos —como baja deuda pública, inflación controlada y reservas internacionales elevadas— que le han permitido resistir choques internos y externos.

Sin embargo, alerta que el deterioro de la disciplina fiscal, el estancamiento de la productividad y la persistencia de una elevada informalidad limitan las perspectivas de crecimiento y amenazan la mejora sostenida de los niveles de vida.

El Consejo Fiscal (CF) ya había advertido en agosto que el Marco Macroeconómico Multianual 2026-2029 contiene cifras “difíciles de alcanzar”, pues el MEF sobreestima ingresos fiscales y plantea un ajuste del gasto casi imposible de cumplir. 

"Hoy el @MEF_Peru publicó el MMM 2026-2029. Es un documento irreal. Proviene desde el mismo 'país de las maravillas' de la presidenta Dina Boluarte. Lo que este gobierno está dejando al siguiente son varias 'bombas de tiempo'", cuestionó Luis Alberto Arias, exvicepresidente del BCRP, en la red X. 

Coincide el exministro de Economía Pedro Francke, quien señaló a La República que las proyecciones oficiales muestran un “exceso de optimismo” y no recogen la magnitud de la incertidumbre política y económica, así como la falta de aprovechamiento de una coyuntura favorable en precios internacionales con la cual deberíamos estar creciendo al 6%. 

En la misma línea, el exministro Luis Miguel Castilla, en conversación con este diario, destacó que la presentación en el Congreso del secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, evidenció que Perú está cada vez más lejos de cumplir con los estándares de la organización, incluso en temas económicos donde se suponía debería estar mejor posicionado.

Y es que la OCDE proyecta un crecimiento moderado de 2,8% en 2025 y 2,6% en 2026, mientras que el déficit fiscal cerró en 3,5% del PBI en 2024, incumpliendo por segundo año consecutivo la regla fiscal. A su vez, organismos como el FMI (2,8%), Banco Mundial (2,9%), BBVA Research (3,1%) y el propio Banco Central de Reserva (3,2%) prevén tasas menores a la proyección del MEF (3,5%). 

El contraste de proyecciones también se refleja en el frente fiscal, pues el MMM estima que el déficit podría ubicarse en 2,2% del PBI en 2025, mientras que el BCRP proyecta un resultado mayor: 2,4% en 2025 y 2,1% en 2026. 

Para Francke, el Perú podría cerrar 2026 con cuatro años consecutivos de incumplimiento de la regla fiscal, lo que erosiona la credibilidad del marco fiscal que el propio Gobierno estableció junto a su ministro de Economía como objetivo mediante decreto legislativo.

A ello se suman riesgos a la baja derivados de la incertidumbre política doméstica de cara a las elecciones de 2026, la inseguridad ciudadana, la dependencia de los precios del cobre y la exposición a choques externos en Estados Unidos y China.

Y más recientemente, en el ámbito de largo plazo, la reforma previsional. Como advirtió para este medio Noelia Bernal, economista e investigadora especializada en pensiones del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), al traducirlo a términos nominales, el gasto en pensiones —tanto del Sistema Nacional como del Sistema Privado— alcanzaría los S/20.000 millones anuales a partir de 2075. 

Perú y su camino a la OCDE

El Congreso de la República fue escenario de una sesión conjunta entre la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera y la Comisión Especial de Seguimiento para la Incorporación del Perú a la OCDE (CESIP-OCDE), en la que participaron el Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann, y su equipo de alto nivel.

La reunión, presidida por el congresista Jorge Bustamante, estuvo marcada por el análisis del proceso de adhesión del Perú a la organización, así como por las inquietudes de los parlamentarios sobre la situación económica, el respeto a los derechos humanos y los plazos de incorporación.

“Podemos tomar unas pocas preguntas, no más de un minuto cada una, y luego el señor Mathias Cormann mandará la respuesta breve a estas interrogantes”, señaló el presidente de la sesión antes de abrir el espacio de consultas.

El presidente de la Comisión de Economía, Víctor Flores, inició el intercambio preguntando por el valor intangible que otorga la membresía de la OCDE a países como el Perú. La congresista Nilza Chacón intervino a continuación, destacando la importancia de que el país se incorpore a la organización. Por su parte, el congresista Elías Varas planteó inquietudes sobre los requisitos democráticos y de derechos humanos exigidos por la OCDE:

Finalmente, el presidente Bustamante formuló una última pregunta sobre los plazos de incorporación y precedentes de países candidatos que no lograron ingresar: “Hoy hay 38 países miembros y seis candidatos, entre ellos Perú. ¿Ha habido algún caso en que un país, tras ser invitado, no haya sido finalmente admitido?”

Tras escuchar las intervenciones, Mathias Cormann tomó la palabra:

“Continuaremos trabajando muy de cerca con Perú para apoyar su aspiración de ser miembro de la OCDE. ¿Ha habido casos en que un proceso de acceso no resultó en adhesión? Sí. En 2007 comenzamos un proceso de acceso con Rusia, que en ese momento estaba avanzando hacia una economía de mercado y una democracia más abierta. Pero, tras la invasión de 2014, el proceso fue suspendido y finalmente terminado en 2022. Rusia ya no está en proceso de acceso.

No todos los países llegan al final, y a veces el proceso puede durar más tiempo que otros. Pero en el caso de Perú, desde lo que puedo ver, creo que se puede llegar a una conclusión exitosa de este proceso”, señaló.

Urgencia de reconstruir el espacio fiscal

Uno de los mensajes centrales del estudio es que Perú necesita restablecer la credibilidad de su marco fiscal. Para ello, recomienda una consolidación gradual, pero firme, que incluya un mayor control de la planilla pública, la eliminación progresiva de subsidios ineficientes y la reducción de gastos tributarios.

La recaudación tributaria alcanzó apenas el 17% del PBI en 2024, una de las más bajas de la región y muy por debajo del promedio de la OCDE. El organismo plantea una reforma profunda que combata la evasión, simplifique los regímenes para las micro y pequeñas empresas y amplíe la base del impuesto a la renta de personas naturales, acompañada de reducciones en contribuciones sociales para trabajadores de bajos ingresos. También sugiere potenciar la tributación de la propiedad, los impuestos ambientales y los selectivos al consumo.

En contraste, el CF recordó que mientras el MMM reconoce la necesidad de reducir exoneraciones, en los últimos años se aprobaron 20 leyes que reducen la recaudación. Entre ellas, la rebaja del IGV para restaurantes y hoteles (costo anual: S/780 millones) y la creación de Zonas Económicas Especiales de Turismo (más de S/2.000 millones). Para el ente, esto refleja una contradicción entre el discurso de consolidación fiscal y las decisiones tributarias del Ejecutivo.

Castilla añadió que, además del déficit, Perú enfrenta problemas estructurales en acceso al financiamiento, baja profundidad del mercado de capitales, baja calidad de educación, retrocesos en sostenibilidad ambiental y desorden en transporte público. Esto refuerza que las dificultades no son solo fiscales, sino que incluyen múltiples dimensiones del desarrollo económico y social.

El informe advierte que, sin un compromiso claro con la disciplina fiscal, el país podría ver comprometido su grado de inversión y enfrentar mayores costos de financiamiento.

Para Castellanos, el gran reto es generar un “shock de confianza” desde el próximo gobierno, capaz de ofrecer estabilidad jurídica —“hemos tenido seis presidentes en ocho años”— y reducir la inseguridad ciudadana, condiciones necesarias para que los capitales retornen y se ejecuten grandes proyectos de infraestructura como el aeropuerto de Chinchero, la Línea 2 del Metro de Lima, Tía María, la nueva Carretera Central o proyectos de irrigación.

Informalidad laboral como principal obstáculo estructural

La OCDE identifica a la informalidad —que afecta a más del 70% de los trabajadores— como el núcleo de las limitaciones al crecimiento sostenido en Perú. Según el organismo, esta realidad reduce la productividad, restringe la recaudación, debilita la calidad del empleo y frena el desarrollo del capital humano.

En un análisis crítico, el economista Fernando Cuadros señala que la informalidad peruana no es solo voluntaria. “La economía nacional no genera la cantidad suficiente de empleo asalariado, y sobre todo formal, para absorber a todas las personas que quieren trabajar. Del total de la PEA ocupada, solo la mitad accede a un empleo asalariado; la otra mitad debe crear su propio trabajo, generalmente autónomo, en condiciones precarias, sin protección social y con bajos ingresos”, explica.

El estudio de la OCDE recomienda una estrategia integral de formalización, que combine la reducción de costos laborales no salariales, un sistema tributario más simple y progresivo, el fortalecimiento de la fiscalización, mejoras en la capacitación laboral y empresarial, y la simplificación regulatoria.

Cuadros advierte, sin embargo, que algunas de estas medidas ya se han intentado sin éxito en Perú. “Desde el 2000 se han creado distintos regímenes laborales especiales —agrario, microempresa, pequeña empresa, trabajo del hogar— que recortaron derechos laborales, y aun así la informalidad no se ha reducido de manera significativa. No coincido con la propuesta de reducir costos laborales; la informalidad solo baja cuando hay crecimiento económico sostenido”, afirma.

El experto coincide con la OCDE en la necesidad de fortalecer la fiscalización laboral y tributaria, mejorar la capacitación y simplificar regulaciones. Además, propone reformar el sistema tributario, ampliando la cobertura y reduciendo exoneraciones que disminuyen los recursos públicos, y desarrollar políticas de diversificación productiva e industrialización que generen empleo formal y con valor agregado.

El informe también dedica atención a las trampas intergeneracionales de desventaja. Si bien cada vez más jóvenes alcanzan niveles educativos superiores a los de sus padres, el origen socioeconómico sigue determinando los resultados académicos y las oportunidades laborales.

Para superar estas brechas, la OCDE recomienda ampliar la cobertura de educación inicial y servicios de cuidado infantil, reforzar la transición de la escuela al empleo formal mediante educación técnica alineada con la demanda laboral, y ampliar programas de transferencias condicionadas como “Juntos”. Cuadros añade que estas medidas deben ir acompañadas de servicios de cuidado tanto para niños como para adultos mayores y de una articulación entre educación superior técnica y universitaria con la diversificación productiva del país.

Asimismo, la OCDE plantea medidas para cerrar las brechas de género en participación laboral, incluyendo la expansión de servicios de cuidado y la mejora de oportunidades educativas y laborales para las mujeres.

Corrupción y eficiencia del gasto

La OCDE también pone el foco en la corrupción como un lastre estructural, con un costo estimado de 2,4% del PBI anual. Propone crear un Sistema Nacional de Integridad y Transparencia, fortalecer la reforma del servicio civil y garantizar la independencia judicial para mejorar la aplicación de políticas anticorrupción.

En materia de gasto público, señala que hasta un 40% de la inversión podría usarse de manera más eficiente. Recomienda reforzar la planificación multianual, reducir las modificaciones presupuestarias y priorizar proyectos de infraestructura y sociales basados en análisis costo-beneficio estandarizados.

“El sistema comienza a fallar crecientemente; el mercado muestra cada vez una mayor ineficiencia cuando funcionan mecanismos como la corrupción”, explicó Francke. “Hace falta mejorar mucho las políticas y la disposición de los gobiernos, porque lamentablemente vemos un deterioro en la gestión pública, que es bastante preocupante”. 

Francke también criticó las alianzas políticas cuestionables, mencionando específicamente a Alianza para el Progreso, y cómo ciertos mecanismos de contratación ligados a estas alianzas agravan la situación en la administración actual. 

Cabe recordar que tan solo en 2024, la corrupción le costó S/24.000 millones al país, equivalentes al 12,7% del gasto público de 2023, según reveló la Contraloría General de la República el pasado julio. 

Roberto De La Tore, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, sostuvo entonces que con estos recursos desperdiciados —situación advertida por la Contraloría General— se hubiera financiado la construcción de 50 hospitales, 1.600 colegios modernos o creado más de un millón de puestos de trabajo.

Así, de cada 100 soles invertidos, 13 se perdieron por actos corruptos, reflejando que los esfuerzos para mitigar esta plaga siguen siendo insuficientes.

En suma, la OCDE plantea que el Perú encara un doble reto: preservar sus fortalezas macroeconómicas y, al mismo tiempo, abordar de forma decidida las debilidades estructurales que frenan su desarrollo. Sin reformas profundas en el frente fiscal, laboral, educativo, institucional y ambiental, el país corre el riesgo de quedar atrapado en un crecimiento moderado e insuficiente para elevar los niveles de vida de manera sostenida.