Gobierno de Dina Boluarte promulga Ley Chlimper 2.0: otorga beneficios tributarios a grandes empresas agroexportadoras

En el último día de plazo, el gobierno de Dina Boluarte promulgó la Ley N.º 32434, titulada oficialmente como 'Ley que promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario con protección social hacia la agricultura moderna'. Sin embargo, detrás de ese enunciado, la norma, conocida como 'Ley Chlimper 2.0', restituye beneficios tributarios a las grandes agroexportadoras, lo que ha generado críticas por el alto costo fiscal que supondrá para el Estado.

El Ministerio de Economía y Finanzas defendió la medida y aseguró que el costo fiscal, estimado en S/20.000 millones en los próximos diez años, será compensado por más inversión, empleo y competitividad internacional.

"Hemos pasado de exportar aproximadamente US$680 millones en el 2000 a un nivel de más de US$12.000 millones el año pasado. Parte de ese crecimiento viene con un dinamismo de la época en la que justamente las exportaciones tenían un beneficio tributario. No era que no pagaban impuestos, ya que pagaban un impuesto a la renta del 15%" sostuvo ante los integrantes de la Comisión de Presupuesto que preside Alejandro Soto.

• Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”
• Dina Boluarte pidió a la población no bloquear carreteras y añade que no hay motivos para protestar

Puedes ver

Empresas afines a César Acuña facturan más de 480 mllns en el sector de su ministro César Vásquez

Sin embargo, los críticos recuerdan que regímenes similares en las últimas dos décadas no mejoraron las condiciones laborales de los trabajadores agrarios ni lograron una redistribución equitativa de las ganancias.

Es importante recalcar que organizaciones sindicales como Fentagro y Conveagro denunciaron en más de una oportunidad que la ley beneficia principalmente a los grandes conglomerados, y dejan de lado a pequeños productores que continúan enfrentando precariedad, informalidad y contratos temporales que afectan al 94% de los trabajadores del sector. Para ellos, se trata de un "regalo fiscal" que no garantiza mejoras estructurales para el agro ni para la población más vulnerable del campo.