Ministro de Trabajo anunció que formalidad laboral en Perú superará 30% en 2026, pero cuestionan verdadero avance

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, anunció que el nivel de formalidad laboral en el Perú superará el 30% en julio de 2026, al cierre del actual mandato de la presidenta Dina Boluarte. Según el funcionario, el gobierno recibió la formalidad en 26%, pero ya registra un aumento de 3,1 puntos porcentuales.

Sin embargo, el economista laboral Fernando Cuadros advirtió que este “avance” no supone un verdadero logro, sino un retorno al nivel previo a la pandemia.

“Se sigue confundiendo la informalidad tributaria con la laboral, son conceptos distintos. La informalidad global en el Perú se mantiene en 70% y la formalidad en 30%. Lo que ha ocurrido es que hemos regresado al nivel que ya existía en 2019, antes de la pandemia. No hay una reducción real de la informalidad, sino simplemente una recuperación del nivel pre-pandemia”, explicó.

Más de 12 millones de trabajadores siguen en la informalidad

De acuerdo con el Registro de la Informalidad Laboral del MTPE, en el país hay 12,4 millones de trabajadores informales, identificados con datos personales, ocupación, región e incluso teléfonos de contacto. Esta base, detalló Maurate, es compartida con alcaldes y gobernadores para impulsar políticas de empleo formal en cada jurisdicción.

El informe Tipologías de la Informalidad precisa que 5,5 millones de peruanos se dedican al autoempleo. “Hoy los jóvenes prefieren diseñar su propio empleo, no dependen de un jefe, pero siguen sin cobertura laboral ni protección social”, sostuvo el ministro.

No obstante, Cuadros cuestionó esa afirmación:

“La mayoría de autoempleados no lo son por decisión, sino por necesidad, porque no encuentran un empleo asalariado. Terminan inventando su propio trabajo en condiciones precarias, con baja productividad y bajos ingresos. Además, aunque tuvieran RUC, tampoco pagarían impuestos porque sus ingresos están por debajo de las 7 UITs”, señaló.

El economista también precisó que las cifras oficiales del MTPE subestiman la magnitud del autoempleo:

“En el Perú hay en realidad 6,5 millones de trabajadores independientes y alrededor de 1,6 millones de trabajadores familiares no remunerados. Es decir, más de 8 millones de personas laboran por cuenta propia, casi la mitad de la PEA. Y ahí no aplica la legislación laboral, porque no hay relación de subordinación”, agregó.

Sunafil y el rol de la fiscalización

Maurate indicó que la Sunafil fiscaliza la informalidad en grandes empresas, pero que en el caso de las micro y pequeñas (que concentran 2,1 millones de trabajadores informales) la estrategia será de acompañamiento y asistencia.

Cuadros calificó esta idea como “errónea”:

“La Sunafil no puede abdicar de su obligación de fiscalizar a todas las empresas, sean grandes o pequeñas. Si un trabajador de una microempresa denuncia, también tiene que fiscalizarla. La inspección laboral es universal, y si bien deben existir programas de apoyo a la productividad de las MYPE, estos deben complementar la fiscalización, no reemplazarla”, advirtió.

Meta al 2040: 50% de formalidad laboral

El titular del MTPE también trazó una meta de largo plazo: al 2040, la formalidad laboral en el Perú debería llegar al 50%.

No obstante, Cuadros cuestionó la ausencia de sustento técnico:

“No basta con mencionar una cifra. No se explica en qué supuestos se basa el ministerio para proyectar ese 50%. Además, como dije, lo único que se ha hecho es regresar al nivel pre-pandemia, que ya era precario. No es un logro estructural”, indicó.

¿Qué se necesita para reducir la informalidad?

Según Cuadros, para que el país logre generar empleo formal masivo se requiere una estrategia integral:

• Diversificación productiva con incentivos para sectores con alto potencial de generar empleo asalariado formal, como textil, metalmecánica, agroindustria y turismo.
  
• Mayor presupuesto y alcance para Sunafil, con el fin de elevar la probabilidad de fiscalización y reducir la evasión laboral.
  
• Políticas de productividad para las MYPE, con acceso a crédito barato, capacitación, innovación y compras estatales.
  
• Inversión pública en infraestructura productiva (puertos, aeropuertos, carreteras) para abaratar costos logísticos.
  
• Política fiscal y monetaria expansiva que estimule la inversión privada y el consumo.

“El gran problema del país es la incapacidad estructural de generar empleo asalariado formal en cantidad suficiente. Sin una estrategia de diversificación y políticas públicas articuladas, será imposible superar de manera sostenida el 30% de formalidad”, concluyó el economista.