Gobierno y mineros informales conformarán subgrupo técnico para revisar exclusiones del Reinfo

Luego de la primera sesión de la mesa de diálogo entre el Poder Ejecutivo y los mineros artesanales, el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Eduardo Arana, informó que la próxima semana se instalará un subgrupo de trabajo que analizará y revisará las normas que reclaman los gremios del sector. Entre ellas, se encontraría la resolución directoral del Minem que deja fuera del proceso de formalización a más de 50.000 mineros que no cumplieron los requisitos de ley.

"Se ha creado un subgrupo de trabajo que tiene el propósito de examinar de manera técnica y jurídica los términos legales de varios aspectos que rodean la minería en general. Esto no significa un retroceso del Ejecutivo en la tarea de formalizar y de combatir la minería ilegal. Hemos sido claros y los gremios también, que nuestro propósito es combatir la minería ilegal", indicó Arana.

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Asimismo, dejó constancia de las objeciones que hicieron los miembros de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) a ciertos dispositivos legales. Ante esta situación, consideró atendible que la subcomisión examine con libertad estas peticiones y precisiones, cuyos resultados deberían concretarse a la brevedad.

Para complementar esta información, Máximo Franco Bequer, presidente de la Confemin, sostuvo a los medios de comunicación que dicho subgrupo de trabajo se instalará el lunes 21 de julio bajo el liderazgo del Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM. Uno de sus principales puntos de agenda será el análisis de las normas que generaron las protestas de miles de mineros informales en todo el país.

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En su opinión, las autoridades han entendido que se ha trasgredido la ley y que se ha vulnerado el debido proceso en perjuicio de los operadores de la Minería Artesanal y a Pequeña Escala (MAPE). Por ende, se deberían revisar normas como los Decretos Supremos 012-2025-EM y 009-2025-EM que cierran el proceso de formalización minera y que regulan la ampliación del Reinfo.

"Hemos conversado cerca de dos horas. Todas las autoridades han coincidido que se ha vulnerado el debido proceso y han entendido que la legalidad se ha trasgredido. Por eso, se ha creado este subgrupo de trabajo para revisar esas leyes que no deberían salir. Ahí vamos a acreditar a nuestros especialistas técnicos para que se resuelva la problemática coyuntural que ha dado lugar a la movilización nacional", enfatizó Bequer.

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Demandan suspender interdicciones

Mientras el premier Arana asegura que continuarán las operaciones de interdicción para luchar contra la minería ilegal, Máximo Franco Bequer insiste en que estas labores deben suspenderse durante el plazo de funcionamiento de la mesa de diálogo, ya que afectan a los mineros en vías de formalización.

"Las interdicciones no pueden darse contra los mineros que estamos en proceso de formalización. Estamos inscritos en el Reinfo, tenemos nuestros Igafones, pero, lo que nos falta es la formalidad. Ahora, la interdicción a la minería ilegal es algo que el Estado tiene que hacerlo. Sin embargo, no estamos de acuerdo que, por interdictar a un minero ilegal, a uno que está en proceso también lo interdicten", refirió.

Precisamente, la Confemin cursó un oficio a la presidenta Dina Boluarte en la que le piden formalmente dejar sin efecto las acciones de interdicción y exclusión de los mineros artesanales del proceso de formalización. En opinión del gremio, este tipo de medidas podrían ser percibidas como "coercitivas".

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Por su parte, el juez supremo Víctor Prado Saldarriaga indicó que no ha observado ningún tipo de condicionamiento en el marco de la realización de la mesa de trabajo. Por el contrario, saludó el "espíritu abierto" y la productividad de la reunión para compartir criterios que permitan fortalecer el marco normativo que regula la MAPE.

En la misma línea, Franck Almanza, Coordinador de las Fiscalías Especializadas en materia ambiental, resaltó los aportes recogidos y la formación de comisiones para avanzar en las tareas de este espacio que tendrá una duración de 60 días. Aclaró que no han sido formalmente invitados como institución, pero su participación se debe a una invitación pública que hizo el premier en conferencia de prensa.

"El diálogo siempre va a ser positivo. El Ministerio Público, desde su óptica, ha hecho los aportes que considera necesario, pero esto continúa. Este es el inicio de un proceso productivo, sin condicionamientos. Definitivamente, los términos de las normas se tienen que revisar. Ahora, hemos conformado comisiones para que se puedan presentar proyectos de regulación", sentenció.