Minería ilegal le costó al Perú S/7.500 millones en impuestos no pagados entre 2023 y 2025

Durante la última conferencia de prensa del Consejo de Ministros, el gobierno informó acerca del impacto fiscal y social que tiene la minería ilegal en el país. Según dijo la presidenta Dina Boluarte, el Estado peruano dejó de recaudar en términos tributarios cerca de S/7.500 millones desde el 2023 hasta la actualidad.

Con este dinero no percibido, la mandataria enfatizó que podría haberse destinado a la construcción de 1.500 escuelas primarias rurales, 500 colegios secundarios urbanos, 750 centros de salud, 375 comisarías distritales, 8 plantas de tratamiento de agua residuales, 5 proyectos eléctricos, entre otras obras que hubieran ayudado a mejorar la calidad de vida de los peruanos.

"Nuestra posición es transparente y firme frente a la minería ilegal que destruye el medio ambiente, contamina los ríos, las fuentes de agua, explota a los trabajadores en forma inhumana, organiza y promueve la trata de mujeres y la explotación del trabajo infantil. Esa minería ilegal no tiene cabida en nuestro país", anotó Boluarte.

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Minería ilegal provocará pérdidas de S/5.200 millones en IR

Para complementar la información que la presidenta hizo público, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, señaló que el Estado también dejará de recaudar este año cerca de S/5.200 millones por el concepto de Impuesto a la Renta (IR) debido a la expansión de esta actividad ilícita en todo el territorio nacional.

Asimismo, informó que el canon minero sufrirá pérdidas por S/2.600 millones, afectando la oferta de bienes y servicios para la población peruana. En detalle, Puno se verá perjudicada con S/460 millones menos en impuestos, seguida de Arequipa con S/450 millones, Madre de Dios con S/240 millones, La Libertad con S/215 millones, Apurímac con S/213 millones y Ayacucho con S/160 millones.

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"Todas estas regiones se ven afectadas en su recaudación tributaria por acción de la minería ilegal que impide el desarrollo, destruye el medio ambiente y genera inseguridad ciudadana", agregó Montero sobre el perjuicio a este porcentaje de los ingresos públicos provenientes de la minería que se distribuye entre gobiernos regionales y locales. 

En otro momento, el titular del Minem indicó que los derechos laborales de los trabajadores de la pequeña minería y minería artesanal han sido sistemáticamente vulnerados por los titulares de los registros suspendidos o excluidos. Montero los acusó de manipular a los mineros para explotarlos sin condiciones adecuadas de salud y seguridad ocupacional.

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Finalmente, se refirió a la situación de la Ley Mape, que no fue aprobada por la Comisión de Energía y Minas en su última sesión ordinaria. De cara a la próxima legislatura, resaltó que esta propuesta legislativa debería enfocarse en regular a la actividad formal de este sector, dejando de lado los procesos de formalización de registros informales o suspendidos.

“No es una ley que legisle facilidades para que las economías ilegales tengan posibilidad de actuar. Esa es una agresión grave en el diseño de la norma que necesita el Perú. Esta ley debe responder a las necesidades de la Mape formal, a los derechos laborales de los trabajadores, a la protección del ambiente y a la economía nacional", sentenció.