Economistas y exfuncionarios llaman a frenar Ley Chlimper 2.0: "Sin mejores remuneraciones y condiciones laborales no hay desarrollo"
Especialistas piden una nueva ley agraria donde se mejoren las condiciones laborales de los trabajadores de la agroexportación. El 94% está bajo contratos temporales, a pesar de que la mayoría realiza labores de naturaleza permanente.
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Un grupo de economistas, académicos y exfuncionarios públicos de alto nivel hicieron un llamado de advertencia para frenar la pretendida nueva ley agraria, bautizada como ley Chlimper 2.0, que aguarda en el Congreso su ratificación tras ser aprobada en primera votación.
Mediante un pronunciamiento firmado por 30 especialistas, señalaron que desde hace varios meses se viene desplegando "una intensa campaña impulsada por gremios empresariales con influencia en el Congreso y el Poder Ejecutivo", que busca restablecer los pilares de la antigua Ley N.° 27360, conocida como Ley Chlimper. Esta norma, que rigió por 20 años, recortó a la mitad los derechos laborales de los trabajadores agroexportadores y otorgó beneficios tributarios al sector, con un alto costo para la recaudación fiscal del país.
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“Consideramos que esta es una campaña que no se ajusta a la evidencia empírica, siendo su principal objetivo mantener las tasas de ganancias de un sector de empresas ya consolidado, a costa de la calidad de vida y la precariedad en el empleo de los trabajadores”, se lee en el pronunciamiento.
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Sector concentrado y con contratos precarios
El documento, basado en estadística oficial, señala que las exportaciones agropecuarias no tradicionales crecieron 28 veces desde el año 2000, generando altos niveles de rentabilidad empresarial y empleo formal. Sin embargo, este crecimiento no ha ido de la mano con una mejora en los ingresos y condiciones laborales de los trabajadores.
Cifras oficiales muestran que el 94% de los trabajadores de la agroexportación está bajo contratos temporales, a pesar de que la mayoría realiza labores de naturaleza permanente. Además, solo el 6% cuenta con contrato estable, lo que limita el acceso a seguridad social, créditos y derechos colectivos, como la sindicalización y la negociación salarial.
La mayoría del personal es joven (77% tiene menos de 30 años) y, aunque la participación de las mujeres viene aumentando (40% del total), ambos grupos enfrentan condiciones menos favorables que sus pares varones y adultos mayores de 30 años, en especial en remuneraciones y estabilidad.
La remuneración promedio de los trabajadores agroexportadores apenas supera los S/ 1.300 mensuales, cifra que ya incluye gratificaciones y CTS. En muchos casos, se paga solo el mínimo legal. En contraste, las grandes empresas agroexportadoras obtuvieron un aumento de utilidades de 74% en 2023.
Impacto fiscal y cuestionamientos a la fiscalización
Uno de los puntos más preocupantes de la propuesta —según los firmantes— es que plantea una reducción a la mitad del impuesto a la renta para las grandes agroexportadoras durante los próximos 10 años, lo que representaría una pérdida de recaudación cercana a los S/20.000 millones, ello según cálculos técnicos del propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Además, se denuncia una limitación a la fiscalización laboral de Sunafil, que solo intervendría en el 25% de los casos dentro de este sector, a pesar de las múltiples denuncias por incumplimiento de beneficios laborales, malas condiciones de seguridad, despidos arbitrarios y prácticas antisindicales.
También se cuestiona la nueva disposición de digitalizar documentos laborales —como contratos y boletas de pago—, lo cual, advierten, puede dificultar el acceso a información clave para muchos trabajadores rurales, que no cuentan con conectividad adecuada o manejo digital.
Ante este escenario, los firmantes exhortan a que el Congreso no ratifique la nueva ley en segunda votación, y exigen una reforma agraria real y progresiva, que equipare completamente los derechos laborales del agro con los del régimen general, promueva estabilidad laboral, y elimine gradualmente los privilegios tributarios para un sector que, sostienen, ya no requiere subsidios para seguir creciendo.
