REINFO: Eduardo Arana descarta prórroga y anuncia depuración masiva contra minería ilegal

El jefe del gabinete aseguró ante el Congreso que más de 40.000 mineros serían excluidos del REINFO tras el 5 de julio. Rechazó una prórroga “indiscriminada” y detalló la estrategia estatal para enfrentar la minería ilegal en zonas críticas como Pataz.

La provincia de Pataz, en La Libertad, se ha designado como zona piloto para la implementación de esta estrategia. Foto: composición LR
La provincia de Pataz, en La Libertad, se ha designado como zona piloto para la implementación de esta estrategia. Foto: composición LR

En un contexto marcado por la creciente preocupación nacional frente al avance de la minería ilegal, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, delineó hoy en el pleno del Congreso una estrategia integral de combate frontal a esta actividad, sustentada en tres pilares clave: la depuración del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), la promoción de una formalización efectiva y sostenida, y la acción coordinada contra redes criminales mediante inteligencia y control territorial.

Durante su exposición ante el Parlamento, Arana subrayó que la minería ilegal constituye una de las amenazas “más persistentes y complejas” que enfrenta el país. Frente a ello, el Ejecutivo ha asumido un rol protagónico con la implementación de medidas excepcionales que buscan frenar tanto el daño ambiental como las implicancias económicas y de seguridad derivadas de esta actividad informal.

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Pataz, epicentro de la intervención

La provincia de Pataz, en La Libertad, ha sido escogida como zona piloto para desplegar esta estrategia. Allí, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, bajo un comando unificado liderado por un general de brigada del Ejército, han tomado el control territorial con el objetivo de neutralizar a los grupos hostiles vinculados a la minería ilegal y el crimen organizado.

Los resultados preliminares en esta zona son contundentes: más de 380 patrullajes y operaciones de interrupción, la recuperación de más de 13.000 explosivos y municiones de guerra, y la instalación de tres puestos de control multisectorial en rutas fiscales clave hacia el territorio minero. A esto se suma la implementación por primera vez en el país de un sistema de trazabilidad minera aurífera, que permite identificar el origen del oro, su procesamiento y el comprador final.

Estas acciones forman parte de 17 planes conjuntos en ejecución, articulados entre entidades como el Ejército, la Policía, Sunat, Sucamec, Migraciones, Sutran, la Fiscalía del Medio Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas (Minem), entre otros.

Además del componente de seguridad y control, el gobierno ha constituido la Mesa de Desarrollo Integral de la provincia de Pataz, un grupo de trabajo multisectorial de carácter temporal que reúne a representantes del Ejecutivo, gobiernos locales, empresas, organizaciones sociales y ciudadanía. Este espacio busca fomentar la planificación estratégica y la acción coordinada en un enfoque de desarrollo sostenible.

Fin del REINFO como escudo para la ilegalidad

Uno de los anuncios más determinantes fue el rechazo tajante a una eventual prórroga general del REINFO. Arana señaló que el registro, creado como mecanismo para facilitar la formalización minera, ha sido utilizado indebidamente y se ha convertido en un refugio para operadores ilegales. 

En ese marco, el Ejecutivo ha iniciado un proceso de depuración sistemática:

  • Más de 1.400 inscripciones fueron revocadas automáticamente en Pataz.
  • De los 86.000 REINFOS activos a nivel nacional, 65.000 están suspendidos y tienen plazo hasta el 5 de julio para subsanar observaciones.
  • Se prevé la exclusión de más de 40.000 inscripciones en todo el país en las próximas semanas.

“El gobierno asegura que no existirá una prórroga indiscriminada del REINFO”, remarcó Arana. Asimismo, anunció una “fiscalización minuciosa” del uso del registro, advirtiendo que cualquier anomalía detectada derivará en la exclusión inmediata del operador.

Durante su intervención, el premier también advirtió sobre la magnitud económica de la minería ilegal. Según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entre 2022 y 2025 se emitieron 161 reportes de operaciones sospechosas por un monto total de 2.800 millones de dólares, de los cuales 2.200 millones estarían directamente vinculados a la minería ilegal. Ante ello, Arana exhortó al Ministerio Público a actuar “con decisión y rapidez”.

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