Petroperú: gestiones de Carlos Linares y Oliver Stark omitieron denuncia de pagos irregulares a personal
Lupa. Informe de la Contraloría emitido en abril de este año advirtió de perjuicios por más de S/90.500 por ampliación de beneficios salariales realizados por gerentes de la estatal.

El 16 de abril de este año, la Contraloría General de la República emitió un informe (N° 013-2024-2-0084) al presidente del directorio de Petroperú —en ese entonces, Carlos Linares— en el que revelan que se otorgaron beneficios irregulares, desde julio de 2022 hasta marzo de 2023, a personal de dirección y confianza de la empresa estatal.
Linares dio un paso al costado y no tomó acciones concretas. Oliver Stark, su reemplazo como cabeza del directorio, tampoco abordó el problema.
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El reporte de la Contraloría advierte que se generaron perjuicios económicos a Petroperú por S/90.565,59 al entregarse bonificaciones de descentralización y viáticos, más allá del plazo regular (90 días), a personal de dirección y confianza que arribó a Lima: S/48.426,31 a beneficio de Luis Suarez Carlo, gerente (e) corporativo de Administración; S/12.992,41 para Gaspar Díaz Tello, gerente (e) corporativo de Operaciones y S/29.146,73 a Magdaleno Saavedra Castillo, gerente (e) del Departamento de Seguridad
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Según el órgano de control, dicha extensión de beneficios laborales se dio por el inadecuado accionar de Cristina Fung Quiñones, gerenta general de Petroperú; Jorge Quino Celi, gerente corporativo de Recursos Humanos; Melissa Velásquez Tasayco, gerente de la Gerencia de Departamento, Desarrollo y Administración de Personal y Paul Petters, jefe de Compensaciones y Beneficios de la Gerencia de Departamento de Desarrollo y Administración de Personal. Estos gerentes no velaron por el orden de políticas internas, procedimientos y disposiciones generales, y tampoco supervisaron los procesos de gestión de personal y beneficios —reza el reporte—.
Se mantienen intactos pese a irregularidades
La Contraloría recomendó a los presidentes del directorio de Petroperú iniciar acciones civiles contra los funcionaros y servidores comprendidos en los hechos de irregularidad; mas a la fecha, el silencio impera.
La Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) solicitó al contralor César Aguilar “celeridad en el inicio de procedimientos administrativos sancionadores”, ya que desde Petroperú no hay respuesta y las personas involucradas continúan ejerciendo sus funciones con total normalidad.
"La demora en el inicio de este proceso afecta la integridad de los procedimientos y va en detrimento de la justicia", manifestaron desde la CATP en una carta remitida a Aguilar.
Fuentes del sector comentaron a La República que la llegada de Alejandro Narváez a la presidencia del directorio de Petroperú —avalado por la presidenta Dina Boluarte— no genera consensos en el Ejecutivo, en un contexto donde se busca ratificar a los involucrados en sus cargos gerenciales y también, optar por personal afín a estas prácticas irregulares.















































