Produce avala legalizar más de 1.000 barcos en proceso caduco

Un proyecto de ley del Ministerio de la Producción (Produce) enviado al archivo en 2021 ha cobrado vida a través de la iniciativa del congresista Bernardo Pazo Nunura de Somos Perú, y en opinión de especialistas y gremios pesqueros pone en riesgo la disposición del recurso pota, así como la economía de los trabajadores que se dedican a su extracción.

Solo en el primer semestre de 2023, los envíos de pota alcanzaron los US$672 millones, un 112% más que el año anterior.

Paso en falso

La iniciativa 7837 del Ejecutivo fue presentada el 3 de junio de 2021 al Congreso y lleva, entre otras, la firma de Ursula León Chempén, quien es la actual viceministra de Pesca y Acuicultura.

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Su objetivo era “consolidar” el proceso de formalización de la actividad pesquera en el marco del decreto legislativo n° 1392 emitido en 2018, conocido como Siforpa II. En otras palabras, se buscaba reconsiderar 2.012 solicitudes que quedaron fuera del proceso de un total de 4.507. La verificación de existencia fue uno de los principales requisitos que no cumplieron. Aunque el documento tuvo dictamen favorable, no llegó al Pleno.

Cinco años después y luego de varias prórrogas, el DL 1392 finalizó el último 31 de julio logrando que el 86% de 2.489 embarcaciones tengan su permiso de pesca, lo que debería dar paso a atender otras prioridades del sector, en opinión del ingeniero pesquero Renato Gozzer.

Sin embargo, el congresista Pazo ha presentado la iniciativa legislativa 5496 para “fortalecer” este proceso caduco y, en opinión del Produce, sí es viable para que 1.027 solicitudes continúen su formalización, ya que “representarían menor riesgo de haber sido construidas fuera” de Siforpa II.

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Y es que en el litoral peruano, sobre todo al norte, la construcción ilegal de embarcaciones en astilleros es un problema mayúsculo, por ello, el Estado prohibió en 2015 que se fabricaran más barcos, y dirigió varios procesos de formalización.

Para Óscar Díaz, exdirector de la Dirección General de Pesca Artesanal de Produce, si esta entidad apoya el proyecto de Pazo, está “equivocada”, pues “legalmente ya no existe el 1392”, así que no debería proceder y recuerda que el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) ha declarado a la pota como un recurso “plenamente explotado”, por lo que ampliar la flota que la extrae es llevarla a su desaparición.

De forma contradictoria, el ente científico opinó que el PL 5496 es “una medida acertada, ya que al regular el esfuerzo pesquero” se contribuye al aprovechamiento sostenible de los recursos.

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Daño colateral

No solo organizaciones gremiales y de la sociedad civil se han manifestado en contra de esta iniciativa. Representantes de gremios pesqueros artesanales de Arequipa, Moquegua, Tacna, Áncash y Piura enviaron una carta al Produce para manifestar su rechazo a la ampliación o la creación de un nuevo Siforpa, pues señalaron que tendría un impacto en los recursos hidrobiológicos y en sus ingresos.

El ingeniero Gozzer, quien ha dedicado toda su carrera al estudio de recursos marinos como la pota, señala que ampliar la flota pesquera traería dos efectos: “al haber más barcos y la misma cantidad de recursos, la tasa de captura por embarcación caería, lo que trae como consecuencia la sobreoferta y un desplome en los precios”.

Al cierre de este informe, no se obtuvo la respuesta del Produce.

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¿Congresista pescador?

El legislador Pazo Nunura asumió el cargo en enero de este año en reemplazo de Wilmer Elera. Y aunque se identifica como pescador, es un armador, es decir, es dueño de embarcaciones pesqueras.

Su familia se dedica a la pesca y dos de sus hermanos tienen un astillero en Parachique (Piura) —llamado Astilleros Navales del Pacífico S.R.L.—, zona reconocida por especialistas por su alta incidencia en construcción de barcos ilegales. Un local afirmó a La República que en estas empresas se renuevan embarcaciones, la antigua debería ser destruida, pero “no lo hacen”.

El congresista dijo a este medio que sus familiares no están involucrados en actividades ilícitas, pero lo cierto es que son parte del entorno que busca beneficiar con su proyecto de ley.

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De acuerdo con Percy Grández, abogado de la SPDA, el Código de Ética del Congreso señala que en estos casos un legislador debe hacer público cualquier tipo de favorecimiento.

Polémico apoyo

La Dirección General de Pesca Artesanal afirma que el PL de Pazo Nunura es viable porque rescata la iniciativa del Produce, que quedó en el archivo en 2021.