Minería: se buscaría desarrollo compartido

Rentabilidad social de los proyectos mineros es el nuevo término introducido por el presidente de la República, Pedro Castillo, durante su primer mensaje a la nación por Fiestas Patrias.

Si bien aún se desconocen elementos claves como su implementación, criterios de aplicación, entre otros, el mandatario sí puso énfasis en que el componente central es el beneficio de la población del entorno de los proyectos.

Esto pasaría por dinamizar las economías locales tanto a nivel monetario, a través de las transferencias del canon, como en términos de empleo y salarios. Asimismo, se impulsaría la transferencia de tecnología. “Los actores deben acondicionarse a cada escenario y no al revés. Si un proyecto no tiene rentabilidad social, simplemente no va”, enfatizó Castillo.

A cambio, el Gobierno sinceraría y acotaría los procedimientos que faciliten la exploración, la explotación, el control y el cierre adecuado de cada proyecto.

Descontento expresado

En opinión de Epifanio Baca, coordinador ejecutivo de Propuesta Ciudadana, si bien no se ha explicado el concepto preciso de la rentabilidad social de los proyectos, podría referirse a un desafío en el sector minero.

Señaló que los registros de lo ocurrido en los territorios en donde se ha desarrollado la minería en los últimos 20 años demuestran que la población está insatisfecha con el poco aporte de la actividad minera, “tanto la que llevan las empresas como lo que lleva el Estado a través del canon”.

Esto se vio claramente reflejado en las últimas elecciones. En abril, luego de la primera vuelta electoral, según reportó la Red Muqui, no solo en las provincias donde actualmente se desarrollan los grandes proyectos mineros: Antamina-Huari, Áncash; Las Bambas-Cotabambas y Grau, Apurímac; Antapaccay-Espinar, Cusco; Constanza-Chumbivilcas, Cusco; Toquepala-Jorge Basadre, Tacna; Perú Libre con Pedro Castillo ganó abrumadoramente las elecciones con más del 50% en las votaciones; sino también en las provincias donde desde hace más de una década se rechaza la imposición de proyectos mineros: Conga –en las provincias de Cajamarca y Celendín–, Río Blanco –en Ayabaca y Huancabamba, Piura– y Tía María –en la provincia de Islay, Arequipa–.

Asimismo, luego de la segunda vuelta de la contienda electoral, un análisis de CooperAcción reveló que en los resultados de las provincias con importantes proyectos extractivos, el candidato de Perú Libre obtuvo una holgada victoria.

Por ejemplo, en Chumbivilcas (Cusco), donde se ubica el proyecto Constancia de Hudbay, Castillo ganó con más de 96% de los votos; en Cotabambas (Apurímac), donde opera el proyecto cuprífero de capitales chinos MMG Las Bambas, más del 91% del electorado se inclinó por la propuesta del candidato de izquierda; en Espinar (Cusco), donde opera el proyecto Antapaccay de Glencore, este obtuvo más del 92%; y en Huari (Áncash), donde se ubica Antamina, de BHP Billiton y Glencore, obtuvo más del 80%.

Por ello, Baca considera que el término de “rentabilidad social” implicaría que las empresas incorporen el valor compartido, es decir, la necesidad de generar valor también para las comunidades locales, y “no como hasta ahora que la mayor parte de las empresas tienen como parte de su responsabilidad social ayudar a las comunidades pero sin el compromiso del desarrollo”.

Cambios y nuevos criterios

Para Iván Lanegra, exviceministro de Interculturalidad, diversos elementos sueltos del discurso de Castillo dan cierta idea de un cambio de enfoque que tendría que ver más con los aspectos de gestión que normativos. “No es claro, pero una cosa que puede extraerse del discurso es esta referencia a los beneficios locales. Eso es un elemento importante porque hay consenso en que el modelo no trae beneficios locales pero sí nacionales”.

“La propuesta de introducir nuevos criterios puede tener dos vías: uno, agregar a los temas que ya están –ambiente y derechos sociales– nuevas exigencias que implican cambios legales o darle más peso a la discusión sobre los beneficios locales, sobre cómo canalizarlo localmente”, subrayó.

En caso se busque legislar en la materia, Lanegra señaló que aunque se pida delegación de facultades al Congreso, será el Parlamento el que finalmente revise y autorice algún cambio normativo.

Son 80 los conflictos mineros activos

En junio, la Defensoría del Pueblo reportó 193 conflictos sociales registrados a nivel nacional. De ellos, 138 se encuentran activos y 55 latentes.

De este total, el 68% (125) corresponde a conflictos de índole socioambiental y, de ellos, el 64% (80) corresponde a proyectos mineros.

Para Iván Lanegra, otro elemento a analizar tiene que ver con las variables por las que un proyecto minero puede ser viable. Explicó que hoy, legalmente, se consideran el cumplimiento de las normas ambientales y respetar los derechos de las personas en la zona. “Desde luego también hay un criterio económico, cuando un proyecto es rentable o no”, anotó.

Datos

Producción. Según estimados del Ministerio de Energía y Minas (Minem), este año la producción de cobre estaría entre 2,4 y 2,5 millones de toneladas, una cantidad similar a la que hubo en 2019.

Ingresos. La recaudación de rentas mineras podría ser de casi S/ 43.000 millones entre 2025 y 2035.

Reacciones

Epifanio Baca, coordinador ejecutivo de Propuesta Ciudadana

“El concepto de la rentabilidad social de las empresas creo que es un poco más amplio que la licencia social. Pienso que sería mejor que este tipo de conceptos o políticas empresariales sean parte de una política pública”.

Iván Lanegra, exviceministro de Interculturalidad

“Una cosa que puede extraerse del discurso (de Pedro Castillo) es esta referencia a los beneficios locales. Eso es un elemento importante porque hay consenso en que el modelo no trae beneficios locales pero sí nacionales”.

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