Pedro Castillo ganó en 88% de localidades con conflictos mineros

El próximo gobernante se encontrará con conflictos socioambientales irresueltos que involucran a 76 distritos y 42 provincias de 16 regiones del país, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo. Seis de cada 10 conflictos registrados en el territorio nacional están relacionados con disputas entre comunidades y compañías mineras, petroleras y gasíferas. Del total de 194 conflictos, 125 son socioambientales.

La República elaboró una base de datos para determinar cómo votaron los electores en la primera vuelta presidencial, en los distritos y en provincias donde se registran las confrontaciones entre los ciudadanos y las compañías que se dedican a actividades extractivas en sus jurisdicciones. Los resultados son un indicativo del tipo de propuestas que prefirieron los pobladores, entre las que presentaron los candidatos presidenciales respecto a los conflictos socioambientales.

Los electores de 67 de los 76 distritos y provincias que mantienen diferencias pendientes de solución por asuntos medioambientales votaron por el partido Perú Libre, mientras que 7 por Fuerza Popular y 2 por Somos Perú. Claramente los electores de estas localidades que se encuentran enfrentadas a empresas mineras, petroleras y gasíferas escogieron las propuestas más radicales de Pedro Castillo. El 88% del total.

Pero ¿cuál fue la segunda opción más votada en las mismas localidades? Según los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el postulante de Acción Popular, Yonhy Lescano, fue el segundo más votado en 32 distritos y provincias en situación de conflicto socioambiental.

La candidata de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, alcanzó el segundo puesto en 28 distritos y provincias con reclamos pendientes de resolución. Muy atrás quedó la aspirante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien ocupó el segundo lugar solo en 8 distritos y provincias.

Estos datos coinciden con otras bases que La República ha publicado sobre los resultados electorales presidenciales en las 20 provincias y 50 distritos que más fondos reciben del canon minero, y en los 50 distritos más pobres del país. En todos los casos, Pedro Castillo venció largamente a su principal oponente, Keiko Fujimori.

Pero ¿las propuestas de Castillo acabarán con los conflictos socioambientales en los distritos y provincias donde obtuvo la mayor votación favorable?

“Hay una correlación muy alta en los distritos que reciben cifras importantes por el canon minero, cuyos fondos no retornan y no se convierten en inversiones para cerrar las brechas en la población. La explicación es que la gestión pública a nivel regional y local es de baja calidad. Si apostamos por el potencial de desarrollo que tiene nuestro país, necesitamos superar los conflictos, las desavenencias, de una manera progresiva y transparente”, expresó el presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, Víctor Gobitz Colchado.

El exviceministro de Energía y Minas Rómulo Mucho Mamani hizo la siguiente evaluación de los resultados electorales en las regiones en conflicto: “Generalmente los candidatos que ganan en las zonas mineras son los que se hicieron notorios oponiéndose a la minería. Una vez elegidos, no tienen la capacidad para gestionar los recursos y convertirlos en una mejora en la calidad de vida de las personas. El próximo gobierno tiene que acompañar a estas zonas para mejorar el eficiente uso de los recursos generados por las mineras. Podría crearse un grupo especializado para capacitar y guiar el uso del dinero en las obras requeridas para que la población tenga más capacidades y más productividad, al final mayores ingresos”, recetó Rómulo Mucho.

Este diario también mostró los resultados de la primera vuelta en los distritos y provincias con situación de conflicto socioambiental al gerente general del Instituto Peruano de Economía (IEP), Diego Macera. Resaltó el papel de la empresa.

“Efectivamente, donde ganó el candidato de Perú Libre existe un déficit grande de inversión pública y se aprecia una brecha social y económica bastante marcada, y en muchos casos eso se debe a la inadecuada gestión desde el aparato público para poder invertir en educación, transporte, salud y telecomunicaciones, a pesar de que la plata existe. Ese es el punto central”, explicó Macera.

“Si queremos apoyar la legitimidad de la industria minera y extractiva en general, un componente fundamental es que la población vea que los beneficios y las rentas que salen de la actividad extractiva efectivamente se traducen en mejor calidad de vida par ellos”, arguyó el economista Macera.

“Si los pobladores solo ven la explotación minera que en teoría paga canon y regalías, y que estos recursos no mejoran su calidad de vida, entonces existe un mayor potencial conflicto con la minería. Se requieren canales de diálogo entre las tres partes, el Estado, la empresa y las comunidades, pero también reglas de juego claras”, concluyó.

Las propuestas de Castillo y Fujimori son claramente divergentes. El primero replantea una reformulación sobre las inversiones mineras -más ingresos para el Estado, reducción de utilidades de las empresas-, en tanto la segunda ofrece garantías a las compañías, como estabilidad jurídica y aprobación de proyectos con seguridad medioambiental.

El dato

Observación. El último reporte de los conflictos socioambientales de la Defensoría del Pueblo resalta que la pandemia del nuevo coronavirus no ha reducido la aparición de más reclamos de pobladores de distritos y provincias relacionados con proyectos mineros.

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