Unión Europea y Rusia rechazan sanciones de Estados Unidos contra gasoducto
Como consecuencia de esta medida, empresa suiza que construye la sección extraterritorial del gasoducto suspendió sus trabajos.
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La Unión Europea, con Alemania a la cabeza, y Rusia rechazaron firmemente este sábado las sanciones estadounidenses contra el gasoducto ruso-europeo Nord Stream 2, en el centro de una batalla económica y geopolítica entre Washington y Bruselas.
Las sanciones, firmadas el viernes por el presidente estadounidense Donald Trump, “afectan a empresas alemanas y europeas y constituyen una injerencia en nuestros asuntos internos”, reaccionó Ulrike Demmer, una portavoz de la canciller alemana Angela Merkel.
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“El gobierno rechaza estas sanciones extraterritoriales”, insistió Demmer en un comunicado. Alemania es el principal beneficiario del proyecto. Por su parte, un portavoz de la UE expresó la oposición de Bruselas “por principio a la imposición de sanciones contra empresas europeas que llevan a cabo actividades legales”.
La primera consecuencia de las medida fue que la empresa suiza Allseas, que posee el mayor barco del mundo para instalar conductos y fue contratada por el grupo ruso Gazprom para construir la sección extraterritorial del gasoducto, anunció en un comunicado la suspensión de los trabajos, indicando que espera “aclaraciones reglamentarias, técnicas y medioambientales por parte de las autoridades estadounidenses competentes”.
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Dichp anuncio pone en tela de juicio el futuro de esta gigantesca inversión de unos 11 mil millones de dólares, casi terminada y cuya entrada en servicio estaba programada para fines de 2019 o, más probablemente, inicios de 2020.
Nord Stream 2 confirmó la suspensión de los trabajos de Allseas. “Con todas las empresas que apoyan el proyecto, trabajaremos para terminar el gasoducto lo más pronto posible”, indicó un portavoz de la empresa en un comunicado.
Las sanciones incluyen la congelación de activos y la revocación de visas de Estados Unidos para los empresarios ligados al gasoducto. El Departamento de Estado ahora debe comunicar los nombres de las empresas y las personas interesadas en un plazo de 60 días.
Fuente: AFP.
