Informe de CIDH no indica textualmente que Dina Boluarte y Alberto Otárola cometieron violaciones de DD. HH.
Aunque el reporte expone la existencia de “graves violaciones de derechos humanos” en el marco de las protestas, no ha determinado quiénes son los responsables.
Usuarios de la red social Facebook han difundido una imagen en la que se afirma que, de acuerdo al informe "Situación de derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales", emitido el 23 de abril de 2023 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “Dina Boluarte y Alberto Otárola cometieron violaciones de derechos humanos”.
Esta información es imprecisa. La CIDH no ha determinado cuáles son las autoridades que tuvieron responsabilidad respecto a las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, ha pedido al Estado peruano realizar una investigación célere para determinar la responsabilidad de autoridades civiles políticas.
Imagen compartida por publicaciones en la red social Facebook sobre las autoridades responsables de las violaciones de derechos humanos. Foto: captura LR/Facebook
¿Qué dice el informe presentado por la CIDH?
El último 23 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe titulado “Situación de derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales”. Dicho reporte aborda la situación de derechos humanos en el contexto de las manifestaciones que tuvieron lugar entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023, luego de que Dina Boluarte asumiera el cargo de presidenta de la República.
La CIDH observó que “la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y que se registraron graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos”. En el caso de la información sobre Lima, Ica, Arequipa y Cusco, la comisión señala que hubo un “uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”.
Además, “la CIDH reconoce que, durante el marco temporal analizado, se registraron situaciones de violencia que no están protegidas por el derecho a la protesta y que no eximen la responsabilidad del Estado respecto a las violaciones de derechos humanos”.
En el caso de Ayacucho y Juliaca, en Puno, el reporte indica que “se registraron graves violaciones de derechos humanos” y pide que sean investigadas con diligencia y un enfoque étnico-racial.
Asimismo, expone que “corresponde a las autoridades competentes realizar investigaciones exhaustivas para determinar los autores materiales e intelectuales responsables de estos hechos”, “incluyendo líneas investigativas sobre posibles responsabilidades por cadena de mando”, lo que también abarca a “autoridades civiles políticas a cargo de los operativos de seguridad y sus respectivas indicaciones”.
Por otro lado, el informe “exige el respeto al derecho de presunción de inocencia de las personas investigadas, al derecho de defensa y al principio de juez natural, que implica ser juzgadas, y eventualmente, sancionadas por un juez competente”.
Dina Boluarte es mencionada nueve veces en el texto. Sin embargo, en ninguna de ellas se le atribuye directamente la responsabilidad de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Ayacucho y Juliaca. Por su parte, Alberto Otárola tiene cero menciones en el reporte de la CIDH.
No obstante, corresponde a las investigaciones determinar cuáles son las autoridades civiles políticas responsables por cadena de mando. En ese contexto, entra dentro de las posibilidades que ambos resulten implicados.
Versión de Dina Boluarte
La presidenta de la República, Dina Boluarte, en presencia de su primer ministro, Alberto Otárola, no ha reconocido una posible responsabilidad en su posición de autoridad civil política en las violaciones de derechos humanos. Según su versión, “el informe no atribuye responsabilidad penal a título personal a ninguna autoridad del Estado” y “de ninguna forma se promovieron directa o indirectamente actitudes o prácticas de represión fuera del marco legal”.
Entonces, ¿de quién sería la culpa? De acuerdo a la mandataria, “los posibles excesos en el uso de la fuerza militar y policial son objeto de investigación y seguirán su curso procesal a fin de determinar las responsabilidades individuales”. Es decir, en otro escenario, los efectivos policiales y militares que brindaron su servicio durante las manifestaciones podrían ser juzgados sin investigar la cadena de mando solicitada por la CIDH.
Conclusión
La información difundida por usuarios en redes sociales es imprecisa. El informe publicado por la CIDH el 23 de abril no responsabiliza directamente a Dina Boluarte y Alberto Otárola de las violaciones de derechos humanos en Ayacucho y Juliaca. Sin embargo, ha pedido que se realicen investigaciones para determinar a las personas responsables, incluyendo a políticos civiles implicados por cadena de mando.
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