¿La delincuencia ha aumentado debido a la migración, como sostienen autoridades peruanas?: explicamos
Son múltiples los factores que aumentan la incidencia de este fenómeno en el país.
En el contexto de la crisis en la frontera entre Perú y Chile, autoridades peruanas han vinculado el incremento de la delincuencia en el país con la migración.
En una rueda de prensa del 26 de abril, la presidenta Dina Boluarte dijo: “Quienes cometen, a diario, asaltos, robos y demás actos delincuenciales son extranjeros”. Seguidamente, culpó al Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (inició el 2016) por permitir el “ingreso libre” de estos ciudadanos por el norte del país, como venezolanos y haitianos. “(Ellos) son los que están lamentablemente cometiendo estos actos delincuenciales, por eso es que tenemos que hablar casi al unísono de las migraciones con inseguridad ciudadana”, adujo.
Del mismo modo, en una entrevista con CNN, la segunda vicepresidenta del Congreso, Silvia Monteza, afirmó: “La delincuencia en el país ha aumentado terriblemente y la mayoría son venezolanos, ¿no? Entonces, las cárceles se están llenando con venezolanos”.
¿Estas declaraciones presentan alguna evidencia? Aquí te lo explicamos.
La delincuencia es un fenómeno que compromete múltiples factores
En marzo de 2023, el Instituto Nacional de Estadísticas Informáticas (INEI) comunicó que la inseguridad ciudadana —que contempla delitos contra el patrimonio, libertad, seguridad pública, etc. cometidos de enero a noviembre de 2022— continúa siendo una “problemática importante” en Perú. Aquí se observan varios incrementos: por ejemplo, en la cantidad de detenidos por atentar contra la seguridad pública (pág. 50) y en denuncias contra el patrimonio (pág. 5) durante los últimos tres años (2020, 2021 y 2022). Es decir, existen pruebas para señalar que hay un incremento de actos delictivos en el Perú.
Ahora, ¿las migraciones de extranjeros son la causa? En comunicación con Verificador vía telefónica, el especialista en seguridad ciudadana Enrique Castro Vargas aseguró que “no existe ninguna evidencia científica de que la presencia de extranjeros en general, ni de venezolanos en particular, sea directamente proporcional con el incremento del fenómeno de violencia”.
El también exdirector general de Seguridad Ciudadana en el Ministerio de Interior (Mininter) se respaldó en el informe auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de 2020, que estudió esta presunta asociación en Chile y que calificó como “infundada”. Asimismo, citó otro reporte del Ministerio de Justicia e Indaga (Observatorio Nacional de Política Criminal), que analizó la criminalidad en el contexto actual de inmigración venezolana a Perú y que fue publicado en 2022.
Entre las conclusiones se mencionó que, desde el 2017, la presencia de inmigrantes de esta nacionalidad fue incrementándose y que en 2021 superó el millón. También dio estas determinaciones: “Se aprecia un incremento lento de homicidios desde 2011 al 2018; sin embargo, este crecimiento antecede a la inmigración venezolana (...). Se aprecia un incremento del uso de armas de fuego en la comisión de delitos; no obstante, este incremento proviene del año 2011 (...). Los indicadores de victimización en el país han ido disminuyendo de manera sostenida desde el año 2011 hasta el 2020, incluso con el ingreso de la población extranjera a partir del año 2017, sin mostrar variaciones mayores”.
Asimismo, el informe concluyó que “en tasas, existe mayor población penitenciaria peruana que la venezolana”; es decir, de cada 100.000 peruanos, hay 264 reclusos y, de cada 100.000 venezolanos, se encuentran 121.
Para Enrique Castro Vargas, el fenómeno delictivo no aumenta por la migración, sino por el incremento de mercados criminales. “Las bandas peruanas ya estaban especializadas y, con la llegada de organizaciones transnacionales, esta especialización ha llegado a una mixtura criminal y una corruptela criminal porque, para que estas organizaciones funcionen, requieren de la participación de la administración pública y del poder político (...). Nuestro país tiene una historia de tráfico de drogas, de trabajo sexual y demás que no han sido reguladas”, dijo.
Explicó que la delincuencia presenta varias aristas y que no debemos responsabilizar a los inmigrantes, que son un sector vulnerable, “que menos abogados tienen, los que menos papeles tienen”. Los factores más resaltantes que contribuyen al aumento de este fenómeno, según el experto, son los “individuales” (como el mal uso del tiempo libre, etc.), los de comunitarios (como el espacio de arraigo, etc.), los situacionales (como una calle sin iluminación, etc.), sociales (como el desempleo, pobreza, etc.) y factores económicos. Para el especialista, este último componente es la causa de la presencia de mercados criminales.
El documento que lleva el sello del Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Ciudad Nuestra, publicado en 2014, también reconoce varios de estos factores que fomentan el incremento de la violencia y actos delictivos en el Perú.
El analista en seguridad ciudadana César Ortiz Anderson detalló a Verificador que la delincuencia que no distingue clase social presenta muchas causas, como, por ejemplo, la “inadecuada crianza en nuestra niñez y juventud”. “Es una sumatoria de factores. (...) Un delincuente no va a preso porque el fiscal lo liberó, como el caso del 'Maldito Chris' (...). Tenemos un sistema penitenciario colapsado, o sea, ninguna institución que esté enfrentando la problemática de inseguridad ciudadana está por buen pie”, agregó el también director y fundador de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana del Perú (Aprosec).
Ante la consulta de si la presencia de extranjeros al país ha aumentado este fenómeno, él respondió que es un “un factor importante” que contribuye a la inseguridad ciudadana que existe en el Perú. “En el año 2017, en el sistema penitenciario peruano había 50 internos venezolanos. A marzo de 2023, hay más de 2.300 venezolanos en nuestras prisiones”, comentó.
No obstante, subrayó: “La delincuencia extranjera es un factor que ha incrementado, (pero) no es el único ni el mayor. El factor para que la delincuencia está por todos lados es la corrupción, la impunidad. Esa es la piedra angular del problema del Perú”. A ello, añadió la falta de voluntad política por parte de los Gobiernos en el país.
En la página 20 del último informe del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) se reporta que existen 3.714 reclusos extranjeros que representan solo el 4% de la población total de "internos intramuros" (personas dentro del penal). Es decir, 86.292 (96%) de los restantes, una cantidad mucho mayor, son de origen peruano. En el total de internos de otras nacionalidades, la población venezolana ocupa el primer lugar con 2.464, le sigue la colombiana con 600.
Informe de febrero 2023. Foto: captura de INPE
Verificador realizó un recuento de internos extranjeros en los penales peruanos, con información del INPE, del 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Desde ese entonces hasta el año 2022, la cantidad de presos extranjeros representó solo 2%, 3% y 4% del total de internos en el sistema penitenciario. Es decir, el porcentaje de internos de origen peruano ha sido, durante todos esos años, superior al 95%.
Datos del INPE. Foto: elaboración propia.
Analizamos la variación de internos venezolanos durante esos años con los reportes del INPE. Esta nacionalidad lidera las cifras de reclusos extranjeros en Perú recién desde el año 2019, ya que antes en el primer lugar estaban los presos colombianos, quienes desde ese año ocupan el segundo puesto.
Verificador solicitó al INEI el perfil de personas que cometen delitos en nuestro país según su nacionalidad. La entidad nos indicó que no dispone con esa información y nos proporcionó datos de la población penitenciaria, de acuerdo al sexo y nacionalidad, entre los años 2019 y 2022 (el informe de este año solo consignó datos de enero a agosto). Allí también se muestra que la cantidad de internos de origen extranjero es mínima en comparación con la de origen peruano.
El 20 de abril, la Agencia de la ONU para los Refugiados en Perú (Acnur) instó vía Twitter a la no discriminación a la población migrante y refugiada, dado que la existencia de actos delictivos no representa a toda la comunidad.
Esta publicación pidió el descargo de la presidenta Dina Boluarte y la segunda vicepresidenta del Parlamento, Silvia Monteza, sobre sus declaraciones. Sin embargo, hasta el cierre de este artículo, no han respondido.
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Comunicadora social por la UNMSM. Cuenta con experiencia en la gestión de la comunicación en organizaciones de derechos de pueblos indígenas. Lleva más de dos años como periodista de fact checking de Verificador de La República. Me interesan los temas asociados al medio ambiente, salud y política.