Gobiernos regionales piden que Ministerio de Economía amplíe presupuesto, mientras municipalidades de Lima apoyan norma.Seguridad ciudadana, Eduardo Salinas Y. Dentro de 30 días calendarios el Ejecutivo reglamentará la Ley 30026 que autoriza la contratación de pensionistas de la Policía y las Fuerzas Armadas para ayudar en la Seguridad Ciudadana. Pero antes de ello, autoridades municipales y expertos en seguridad inician el debate de esta norma. Esta ley faculta a los policías y militares en situación de retiro a trabajar para el Estado en lo que respecta a seguridad, sin perder su pensión de jubilación. En adelante, los gobiernos regionales, las municipalidades, las instituciones públicas y las empresas del gobierno podrán contratar a pensionistas a fin de superar el déficit de efectivos que hay en actividad. "Esta ley como idea para combatir la inseguridad en nuestro país me parece buena, pero me pregunto ¿cómo solventaremos los recursos? Necesitamos que el Ministerio de Economía amplíe el presupuesto de las planillas que tendremos que pagar", comentó César Villanueva, presidente regional de San Martín. La autoridad indicó que, por ejemplo, en su región necesitan 700 policías más para garantizar la seguridad de su población. "Se necesita personal para patrullar la región y realizar distintos operativos. Pero nosotros podemos invertir en equipamiento, mas no en ampliar la planilla, este asunto lo debe gestionar directamente el Gobierno Central", aclaró. "Es de sentido común" Pero para los distritos de Lima parece que la ley se acomoda a sus necesidades. Al respecto, Rafael Santos, alcalde de Pueblo Libre, opinó que se trata de una extraordinaria decisión que responde a la lógica y al sentido común, y que en su momento la Mesa de Alcaldes les entregó al Ministerio del Interior y al Congreso. "Antes no se podía contratar a un ex servidor público con capacidad para seguir aportando al país, a menos que renunciara a su pensión porque existía un impedimento ilegal. Ahora podremos contar con más personal con capacidad y experiencia en materia de seguridad ciudadana, por su formación policial o en los institutos armados, lo que mejorará la gestión municipal en este ámbito", indicó Santos. Y es que dicha Ley 30026 pone a los municipios y gobiernos regionales en las mismas condiciones que la empresa privada para contratar a un pensionista de la PNP y las FFAA con capacidad y experiencia en seguridad ciudadana. ¿Y el diagnóstico? Según Sandro Espinoza Flores, vicepresidente de la Asociación para la Prevención del Delito (Aprede), esta ley carece de un diagnóstico previo de lo que se necesita en seguridad en el país. Cree que esta norma no cumple su fin, ya que el personal jubilado no está actualizado para estos casos. "Esta ley solo engrosará las planillas del Estado, sin cumplir su fin. Además, la norma tiene un paliativo político, porque el gobierno aún no puede cumplir con el pago de la Cédula Viva y la homologación de los sueldos de la policía y las Fuerzas Armadas, pero solo algunos se beneficiarán", dijo Espinoza. Podrán portar sus armas "A diferencia del personal del serenazgo, los policías y militares jubilados que trabajen en las instituciones públicas podrán portar armas de fuego y hacer uso de ellas en situaciones de apremio, siempre y cuando sus licencias estén vigentes", dijo una fuente del Mininter. Indicó que solo podrán participar aquellos oficiales y subalternos que pasaron al retiro por límite de edad o a su solicitud. Se descarta a todos aquellos que fueron dados de baja por medidas disciplinarias.
