Revoredo: “Si (los delincuentes) sacan sus armas, les vamos a devolver lo mismo”

“Si (los delincuentes) sacan sus armas, le vamos a devolver lo mismo. Aquel que se atreva a sacar su arma de fuego o intente atacar a un miembro de la Policía Nacional del Perú le vamos a responder con lo mismo. Nosotros respetamos los derechos humanos, pero acá primero están los bienes jurídicos de los peruanos”, advirtió el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal.

El alto oficial se expresó así tras la captura de cuatro extranjeros, miembros de la banda Los Occidentales, acusados de asesinar a transportistas en Lima Norte.

Y agregó: “Tienen mucho dinero que lo envían a Venezuela. A estos irrecuperables que creen que sacando sus armas, con el apoyo de ese dinero manchado de sangre que tienen en su poder, van a retar a los peruanos, les decimos no, no. Nosotros vamos con todo. Si sacan su arma igual que el Maldito Cris, los vamos a devolver lo mismo”.

Revoredo también pidió a los operadores de justicia actuar con firmeza. “Estos irrecuperables no entienden”, subrayó.

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En Perú, los efectivos de la PNP están facultados para hacer uso de sus armas de reglamento en casos de flagrante delito. La normativa vigente, como la Ley N.° 32291, establece que abatir a un agresor en el acto constituye un legítimo ejercicio de defensa propia cuando la vida del agente o de terceros corre grave riesgo, explica Jorge Mejía, exjefe de la División Antisecuestros.

“Está permitido si el delincuente representa un peligro evidente, inminente y letal, buscando resguardar la vida y la integridad”, sostiene el abogado Mario Amoretti.

Señala que, si un policía abate o lesiona a un presunto delincuente, no se presume automáticamente una conducta ilícita ni se dictará detención preliminar o prisión preventiva mientras se investigan los hechos.

Como se recuerda, la vacada expresidenta de la República, Dina Boluarte, junto con el entonces ministro del Interior, Julio Diaz Zulueta, promulgó el 5 de abril del año pasado la ley que autoriza a los efectivos de la PNP a usar su arma de reglamento en casos de flagrante delito, dotándoles de las herramientas legales necesarias para enfrentar el crimen organizado.

“Hoy, cada policía sentirá con orgullo que, al empuñar su arma de fuego, está respaldado por un Gobierno que no dudará en responder ante la amenaza cuando un criminal intente atentar contra la vida de un compatriota o poner en riesgo la integridad de nuestras fuerzas del orden”, remarcó Díaz en una de las sesiones del llamado Cuarto de Guerra.

MIRANDA: SIETE AÑOS DE JUICIO

Uno de los casos más emblemáticos que se recuerdan es el del suboficial Elvis Miranda Rojas, quien fue investigado por la muerte de un presunto hampón durante una intervención policial ocurrida en Castilla, Piura, en enero del 2019.

El último martes, la Sala Penal confirmó la absolución de Miranda Rojas, poniendo fin a uno de los procesos judiciales más emblemáticos vinculados al ejercicio de la función policial en los últimos años.

La resolución judicial ratificó la inocencia del efectivo, quien afrontó más de siete años de investigación y juzgamiento por hechos ocurridos durante una intervención realizada en cumplimiento de sus funciones.

Durante todo este proceso, la Defensoría del Policía brindó orientación, acompañamiento y respaldo institucional, además de efectuar el seguimiento permanente de las actuaciones judiciales y coordinar acciones con las instancias competentes para la defensa de sus derechos.

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La entidad perteneciente al Ministerio del Interior participó también en la audiencia de apelación y articuló esfuerzos con la Defensa Legal de la PNP en Piura, lo que contribuyó al seguimiento integral del caso hasta la emisión del fallo definitivo.

Respecto al pedido de reparación civil formulado por los familiares del fallecido, la Sala dispuso que dicho extremo sea evaluado en la vía correspondiente mediante un proceso independiente.

El director general de la Defensoría del Policía, Máximo Ramírez, señaló que esta decisión judicial permite cerrar una etapa especialmente compleja para el efectivo y su familia, además de reafirmar la importancia de garantizar asistencia y acompañamiento a los miembros de la Policía Nacional que afrontan investigaciones derivadas del cumplimiento de sus funciones.

Con este fallo concluye un proceso que marcó la vida personal y profesional del suboficial Elvis Miranda.