Sedapar no entregó agua gratuita a población vulnerable de Arequipa y devolvió S/6 millones al Ministerio de Vivienda

Sedapar S.A. dejó sin abastecimiento gratuito de agua potable a familias en situación vulnerable de Arequipa y devolvió S/6.147.211 al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) tras no ejecutar un convenio para distribuir el recurso mediante camiones cisterna durante 2025.

Así lo concluyó la Contraloría General de la República en el Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 013-2026-2-0263, que detectó retrasos, falta de planificación, incumplimientos administrativos y una gestión deficiente del proceso de contratación.

El convenio entre ambas entidades se firmó el 29 de enero de 2025 y tenía como objetivo financiar, durante el año fiscal 2025, la distribución gratuita de agua potable mediante camiones cisterna en zonas urbanas de la provincia y la región Arequipa que no cuentan con acceso continuo al servicio.

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Sedapar tardó meses en iniciar acciones

La Contraloría advirtió que Sedapar incumplió obligaciones básicas desde los primeros meses. El Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) solicitó a la empresa designar a un coordinador y presentar un plan de trabajo para ejecutar el servicio.

Sin embargo, el gerente de Operaciones de Sedapar recién presentó el documento el 20 de junio de 2025, es decir, 142 días después de la firma del convenio. Incluso entonces, el PNSU observó el plan y pidió correcciones por deficiencias técnicas.

El órgano de control concluyó que la empresa no realizó oportunamente acciones de seguimiento ni remitió la información técnica y financiera exigida, pese a los reiterados requerimientos del Ministerio de Vivienda.

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Contratación con retrasos

El informe también reveló demoras en el proceso para contratar el servicio de distribución de agua mediante cisternas. Sedapar aprobó el requerimiento técnico recién el 23 de junio de 2025, luego de casi dos meses de observaciones internas entre el área usuaria y el Departamento de Logística.

La Contraloría cuestionó que el trámite se extendiera durante 54 días calendario, pese a tratarse de una necesidad prioritaria vinculada al abastecimiento de agua potable para familias en situación vulnerable.

Además, las áreas involucradas continuaron con la contratación aun cuando ya existían advertencias sobre la imposibilidad de ejecutar el presupuesto dentro del año fiscal 2025.

Dinero regresó al Estado

Sedapar recién convocó el concurso público el 14 de octubre de 2025, nueve meses después de firmado el convenio. El proceso fue declarado desierto porque no recibió propuestas válidas.

Luego intentó iniciar un nuevo procedimiento en noviembre de 2025, pero tampoco logró concretar la contratación. Para entonces, el cierre del ejercicio fiscal hacía imposible utilizar los recursos transferidos por el Gobierno.

Finalmente, en diciembre de 2025, la empresa comunicó al Ministerio de Vivienda que devolvería el dinero por la imposibilidad de ejecutar el gasto. En enero de 2026 se concretó la reversión total de S/6.147.211.

La Contraloría sostuvo que la falta de ejecución afectó directamente a las familias en situación vulnerable que debían recibir agua potable gratuita mediante camiones cisterna. También señaló que Sedapar impidió que el Ministerio de Vivienda reasignara oportunamente los recursos a otras zonas con problemas de abastecimiento antes del cierre presupuestal.

El informe elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de Sedapar fue comunicado al presidente del directorio de la empresa para que adopte acciones en el ámbito de sus competencias y, de corresponder, disponga el deslinde de responsabilidades.