
El martes 3 de marzo, luego de que la Fiscalía y la defensa de Adrián Villar expusieron sus argumentos en la audiencia de prisión preventiva, el juez Adolfo Farfán Calderón se dirigió al investigado con la intención de obtener sus declaraciones respecto al caso de Lizeth Marzano. Sin embargo lo que realmente llamó la atención fue la forma en la que se refirió a él.
“¿Qué pasó por tu cabeza, hijo, cuando hiciste eso? ¿Por qué no bajaste y atendiste a esa señorita?”, refirió la autoridad durante la sesión. Fue esta cercanía la que generó cuestionamientos en algunos letrados sobre la forma en que se estaría conduciendo la diligencia.
El abogado penalista Aaron Aleman consideró que, si bien el juez tiene la facultad de dirigir la audiencia, el uso de expresiones como “hijo” hacia un imputado resulta inapropiado desde un punto de vista formal. “Decirle ‘hijo’ o ‘hija’, aunque pueda cercanía, también se terminar percibiendo de otras formas", aclaró.
Para él, incluso, puede marcar superioridad por sobre el imputado. Aunque reconoció que no afecta la validez legal de las decisiones judiciales adoptadas durante la audiencia, reconoció que sí repercute en la ciudadanía y su percepción de la justicia. "En casos emblemáticos como este, incluso si la intención era simplificar el lenguaje para las personas, termina generando un juicio paralelo en la opinión pública”, dijo.
En ese sentido, indicó que lo ideal es mantener un lenguaje estrictamente técnico, formal y con el respeto debido, "en tanto esto es lo que demarca la normativa, inclusive", evitando interpretaciones que puedan cuestionar su imparcialidad.
Por su parte, el penalista Joel Córdova adoptó una postura más cauta. Expresó que, si bien no es un comportamiento recurrente en las audiencias, cada juez tiene formas particulares de conducirlas. “Habría que ver si en otras audiencias tiene la misma deferencia con los imputados o agraviados; solo eso podría indicarnos la regularidad de su comportamiento”, manifestó en conversación con La República.
El letrado añadió que no observó un trato desigual durante la diligencia y que se respetaron los tiempos y las oportunidades procesales tanto de la Fiscalía como de la defensa. Precisó que el magistrado no mostró una actitud más incisiva o restrictiva con alguna de las partes ni dio señales de favorecer una posición en particular. En ese sentido, sostuvo que lo adecuado es esperar la resolución judicial para evaluar si los argumentos están debidamente motivados conforme al derecho vigente y la jurisprudencia.
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