
Las autoridades del centro poblado Bellavista Callarú, una comunidad indígena ubicada en el departamento de Loreto, expresaron su malestar por la falta de apoyo del Estado peruano frente a la grave situación de inseguridad que enfrentan, marcada por la presencia de bandas criminales dedicadas al narcotráfico en la triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia.
La compleja situación que está atravesando el centro poblado Bellavista Callarú ha generado mucha preocupación por parte de los habitantes que viven con mucha incertidumbre por la escasez básicos esenciales, así como de presencia policial, sistema de justicia, atención en salud y educación adecuada.
La escasa presencia del Estado peruano es uno de los factores más críticos de esta problemática, reflejada en la impunidad con la que operan organizaciones criminales transnacionales. Estas han desatado una escalada de violencia que incluye asesinatos, sicariato, extorsiones y constantes amenazas contra la población.
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Ante esta situación, las autoridades del pueblo, ubicado en la región de Loreto, advirtieron al Estado peruano que, de no ser escuchadas ni consideradas en la búsqueda de soluciones, no descartan la posibilidad de anexarse a Brasil.
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“Si no hay respuesta concreta, analizaremos alternativas drásticas, incluyendo convertirnos en parte de Brasil”, advirtió el alcalde Desiderio Flores Ayambo en declaraciones recogidas por el diario La Región.
De acuerdo con las declaraciones de Flores Ayambo, desde la creación del distrito de Bellavista Callarú, el abandono del Estado peruano no solo se evidencia en la falta de servicios básicos y atención en sectores clave, sino también en la pérdida de presencia institucional, al punto de que el sol peruano ha sido desplazado por el peso colombiano y el real brasileño en las transacciones cotidianas de los habitantes.
Por ello, las autoridades del centro poblado de Bellavista Callarú, donde habita la comunidad indígena ticuna, ubicado en el distrito de Yavarí, provincia de Mariscal Ramón Castilla, en el departamento de Loreto, dieron un plazo de 30 días al Gobierno central para que atienda con urgencia los múltiples problemas que afectan a la población.
De concretarse una eventual anexión por parte de Brasil, el Perú enfrentaría una nueva y significativa pérdida territorial. Este escenario no solo tendría un impacto geopolítico, sino que evidenciaría el prolongado abandono del Estado en las zonas fronterizas. Además, sentaría un precedente preocupante sobre la fragilidad de la soberanía nacional en regiones históricamente olvidadas.

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