Siete menores de edad fueron rescatados en Loreto de presunta red de trata de personas vinculada a la minería ilegal

Quince personas, entre ellas siete menores de edad, fueron rescatadas tras haber sido captadas por una presunta red de trata ligada a la minería ilegal en Loreto. Según alertó la Policía Nacional del Perú (PNP), la intervención, que realizó a orillas del río Itaya, en el puerto San Francisco, ciudad de Iquitos (Loreto), logró identificar que las víctimas eran en su mayoría pertenecientes a comunidades nativas de la provincia de Datem del Marañón.

La PNP sostiene que las personas iban a ser trasladadas hacia la cuenca del río Tigre con el objetivo de someterlas a labores forzadas en campamentos mineros ilícitos. Esta situación habría sido también advertida por Olivia Bisa, presidenta de la nación Chapra, quien denunció el hecho mediante redes oficiales.

"Fueron llevados con engaños. Agradecemos la intervención rápida de la Fiscalía y de la Policía de San Lorenzo, pero instamos a que este crimen no quede impune. ¿Hasta dónde vamos a permitir que nuestros jóvenes estén sometidos a este tipo de trabajo?", enfatizó Biza.

Asimismo, la lideresa indígena exigió que las fiscalías especializadas en trata de personas cuenten con traductores que garanticen la idoneidad de los procesos de investigación. "Muchos están coludidos con estas mafias. Pedimos a las autoridades que nos ayuden a difundir el mensaje. Madres y padres lloran por sus hijos. Basta de violar los derechos humanos", añadió.

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Menores fueron trasladados a unidad especializada de trata de personas

Durante la intervención, los efectivos detuvieron a dos hombres, quienes presuntamente se encargaban de custodiar y trasladar a las víctimas hacia los referidos destinos. Actualmente, ambos permanecen bajo investigación con el fin de determinar su grado de responsabilidad y su posible vinculación con las organizaciones criminales que operan en la Amazonía del país.

Hasta el momento, los menores se encuentran bajo la protección de la Unidad de Protección Especial (UPE). En tanto, los jóvenes mayores de edad, quienes acababan de cumplir 18 años, serán puestos en libertad una vez que concluyan sus declaraciones ante las autoridades competentes.

En octubre de este año, la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI) denunció la desaparición de una menor de edad perteneciente al pueblo awajún. Según la información difundida, la adolescente habría sido captada a través de redes sociales y, bajo falsas promesas de empleo, trasladada a Iquitos.

La víctima logró huir y regresar a su hogar; sin embargo, su familia decidió no presentar una denuncia formal debido a los altos costos que implica trasladarse desde su comunidad hasta la comisaría más cercana.

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Minería ilegal se impone en el Nanay

En octubre de este año, La República advirtió sobre la presencia de mineros ilegales en los principales afluentes que abastece de agua a la ciudad de Iquitos. Por esa situación, 33 comunidades nativas y campesinas de las cuencas del Nanay, Chambira y Pintuyacu habían bloqueado el tránsito fluvial del río Nanay, un cuerpo de agua en peligro por la contaminación de mercurio.

Según información de la Fiscalía especializada en Materia Ambiental, por cada gramo de oro extraído en los ríos Nanay y Napo se pagan alrededor de 300 soles (87,5 dólares). Esto resulta en una actividad altamente rentable en un contexto en el que, desde hace años, las comunidades demandan que el Estado y el Gobierno Regional de Loreto implementen acciones y ofrezcan alternativas económicas reales para frenar la expansión de la minería ilegal. 

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