
La líder awajún Rosemary Pioc denunció públicamente el retiro de profesionales del Centro de Emergencia Mujer (CEM) en Amazonas, en un contexto marcado por la persistencia de abusos sexuales contra niñas. En declaraciones al programa Fuerte y Claro de La República, advirtió que al menos 10 psicólogos y abogados que apoyaban a las comunidades de la localidad de Cóndor Canqui fueron separados recientemente por el Estado, pese a que la zona registra un alto índice de violencia y requiere atención permanente.
Según señaló, los casos de abuso "son de todos los días" y debido al retiro de los especialistas, muchas niñas no han recibido la atención oportuna. Incluso, algunas que llegaron con lesiones no pudieron ser asistidas, debido a la ausencia de un médico legista.
Además, cuestionó que estas medidas se adopten mientras continúan registrándose graves denuncias, algunas ocurridas en el ámbito escolar, y alertó que la falta de personal está paralizando procesos y dejando casos impunes.
“El índice de violencia es altísimo y se requiere la participación de estos profesionales en la provincia. Es lamentable que ya no se esté contratando. Incluso traductores también los han retirado. Ayer han violado a una niña de 10 y 5 años. Hemos pedido el apoyo del CEM. . Hace 5 días han violado también. Si retiran a todos esos profesionales, ¿con quién vamos a trabajar?”, expresó.
Pioc también denunció lentitud en los procesos y afirmó que muchos casos quedan impunes. “Se requiere de muchas especialistas mujeres en el territorio porque los varones entre ellos se ayudan. Necesitamos psicólogas, abogadas, fiscales, juezas porque los que están entre ellos se ayudan. Hoy, tenemos conocimiento de que han designado a un director de la UGEL que ha tenido problemas”, agregó.
Durante el 2025, el Ministerio de Educación (Minedu) retiró a 690 docentes y administrativos condenados o procesados por delitos graves. La mayoría de casos estuvieron vinculados a violencia sexual en colegios, donde se sancionó a 540 profesores y 88 profesionales del área administrativa.
Otros maestros fueron expulsados por estar vinculados a trata de personas, pornografía infantil, proxenetismo, proposiciones sexuales a niños y adolescentes mediante medios tecnológicos, secuestro y violación de la intimidad mediante la difusión de contenido sexual. La situación dio como resultado 69 educadores y 24 administrativos sentenciados, mientras 597 se encuentran investigados judicialmente.
La salida de especialistas que solían colaborar con víctimas de abusos sorprendió a Piac frente a la cantidad de sanciones efectuadas en los centros educativos. "Ahora que ya se está haciendo justicia, ¿por qué retirar a todos estos profesionales cuando la zona es vulnerable y necesita de quienes estaban haciendo su trabajo en el territorio?", cuestionó.
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