Exministras alertan que proyecto de ley que propone traslado de los CEM al Minjus afectará a víctimas de violencia

Entre enero y abril de 2025 se han registrado 10.416 casos de violencia sexual a nivel nacional. Sin embargo, a pesar de la gravedad de estas cifras, los congresistas Américo Gonza, Lucinda Vásquez y Waldemar Cerrón han impulsado proyectos de ley que proponen trasladar los Centros de Emergencia Mujer (CEM) a la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (SUDEPUB), adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH).

Ante esta situación, exministras, organizaciones de derechos humanos y especialistas advirtieron que esta iniciativa carece de sustento técnico y forma parte de una campaña de debilitamiento del MIMP, lo que afectará directamente a miles de víctimas de violencia que actualmente reciben atención.

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Congreso aprueba traslado de los CEM al Ministerio de Justicia

El 15 de abril de 2025, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, presidida´por Isaac Mita Alanoxa, aprobó el dictamen basado en al menos tres proyectos de ley que ordena la absorción del CEM al Ministerio de Justicia. Esta medida implicaría el traslado de bienes muebles e inmuebles, personal, recursos, acervo documentario, convenios, en un plazo de 90 días hábiles desde la promulgación de la norma.

Lo grave de esta propuesta es que reduce el rol de los CEM a brindar únicamente asesoría legal, eliminando el acompañamiento psicológico y social que resulta fundamental para la recuperación integral de las víctimas. Es decir, se limitaría su atención a lo jurídico, dejando de lado el apoyo emocional y social que hoy constituye el núcleo de su intervención.

Cabe señalar que los CEM representan el 20% del presupuesto del MIMP, más de S/ 209 millones, según cifras del MEF, y son considerados una herramienta clave en la lucha contra la violencia de género en el país.

Debilitamiento del MIMP

Para la exministra de la Mujer, Grecia Rojas, señaló a La República que esta iniciativa debilita la participación del equipo multidisciplinario que ha sido fortalecido a lo largo de los años en el MIMP. También advirtió que implicaría un recorte presupuestal que afectaría gravemente la capacidad operativa de los Centros de Emergencia Mujer.

Asimismo, explicó que actualmente existen 433 CEM en todo el país y que solo en el 2024 han atendido a más de 67.000 mujeres víctimas de violencia. Por ese motivo, recomendó fortalecer estos servicios en lugar de transferirlos a otra entidad sin experiencia en atención especializada.

“Actualmente, los CEM son los únicos servicios especializados para víctimas sobrevivientes de violencia de género. Atienden casos de violencia dentro del hogar, en las relaciones familiares, desapariciones, acoso político y violencia sexual. Todo tipo de violencia de género pasa por sus equipos”, precisó.

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Rojas sostuvo que las sobrevivientes de la violencia contra las mujeres tienen derecho a un trato igualitario, diligente y no discriminatorio, por lo que el Estado debe garantizar que los servicios de protección deben darse de forma especializada, integral e inclusiva.

"Hay una tendencia dentro del Congreso a desinstitucionalizar, a desmontar toda la estructura, me refiero a instituciones, leyes, normas y servicios, relacionada con la promoción de la igualdad de género y la lucha contra la violencia de género. Es una tendencia generalizada que busca eliminar todo aquello que garantice derechos y combata la discriminación".

Atención limitada en casos de violencia

Sobre el tema, Diana Miloslavich, exministra de la Mujer, señaló que entre enero y abril de este año, los CEM atendieron 57.516 casos de violencia contra la mujer y el grupo familiar, de los cuales 10.146 correspondieron a violencia física, lo que representa un 17,64% del total.

Advirtió que una eventual absorción de los CEM por la Superintendencia de Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos limitaría gravemente el servicio, ya que reduciría la atención únicamente al acceso a la justicia, dejando de lado la prevención y la atención integral a las víctimas.

Por ello, hizo un llamado a realizar un análisis serio y responsable, que priorice la garantía de los derechos de las mujeres peruanas, en especial de aquellas que han sido víctimas de violencia.