Fiscalía logra condena a 17 años de prisión efectiva a tres policías por tortura y violación a Azul Rojas en Trujillo

La Fiscalía obtuvo una sentencia condenatoria de 17 años de prisión efectiva contra los policías Dino Ponce, Luis Quispe y Juan León, hallados culpables de los delitos de tortura agravada y violación sexual agravada contra Azul Rojas, ciudadana trans que sufrió estos ataques por parte de los efectivos. Los hechos ocurrieron en el año 2008, en la ciudad de Trujillo, región La Libertad, y fueron considerados por el Ministerio Público como graves violaciones a los derechos humanos.

La sentencia fue posible tras el trabajo de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, a cargo de la fiscal adjunta provincial, Ketty Garibay Mascco, quien logró acreditar durante el juicio oral la responsabilidad penal de los acusados. De acuerdo con la acusación fiscal, los policías incurrieron en una detención arbitraria, así como en maltratos físicos y psicológicos, además de una agresión sexual cometida contra la víctima mientras se encontraba bajo custodia.

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Ministerio Público logra sentencia a tres policías

Según lo expuesto en el proceso judicial, los actos de violencia fueron perpetrados como una forma de castigo, debido a que la víctima no proporcionó la información que los agentes exigían. Asimismo, la Fiscalía sostuvo que los abusos estuvieron motivados por un trato discriminatorio, orientado a denigrar a Azul Rojas por su orientación sexual, lo que agravó la conducta de los procesados y reforzó la calificación de los delitos imputados.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó diversos elementos probatorios que permitieron reconstruir los hechos y demostrar el uso indebido del poder policial. Estos incluyeron testimonios, pericias y otros medios de prueba que evidenciaron la violencia ejercida contra la agraviada en un contexto de total indefensión. El tribunal concluyó que los acusados actuaron de manera concertada y abusaron de su condición de funcionarios públicos, vulnerando derechos fundamentales.

Varios años del caso Azul Rojas

En 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que los policías responsables de la agresión contra Azul Rojas sean procesados y sancionados; sin embargo, recién cinco años después se ha iniciado el juicio oral en el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional.

Además, en su momento la defensa legal de la activista ha solicitado una reparación civil, argumentando que los hechos de tortura y violencia motivados por prejuicio causaron graves daños físicos y emocionales. Según Promsex, organización que acompaña el caso, la agresión incluyó insultos y castigos dirigidos a su identidad y orientación sexual. En busca de justicia, Azul envió una carta a la fiscal de la Nación solicitando el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la Corte IDH, ya que su situación de clandestinidad le ha impedido acceder a los tratamientos médicos y psicológicos dispuestos.

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