
El Segundo Juzgado Constitucional de Lima declaró infundada la acción de amparo presentada por la Asociación de Comerciantes del Mercado de Abastos N° 1 de Surquillo contra la Municipalidad Distrital de Surquillo. Con esta decisión, el Poder Judicial ratificó que la clausura del centro de abastos estuvo justificada debido a las graves deficiencias de infraestructura, salubridad y seguridad que representaban un riesgo para la vida e integridad de comerciantes y usuarios. Dicha medida ha sido criticada por algunos comerciantes, quienes aseguran que no es justo.
La Asociación de Comerciantes interpuso el proceso de amparo en agosto de 2024, alegando que el cierre vulnera su derecho al trabajo. Pedían que se anule la medida municipal y que se les permita volver a sus puestos.
Sin embargo, la jueza Ana del Rosario Osorio Sosa concluyó que los informes técnicos y fiscales elaborados entre junio y agosto de 2024 demostraron riesgos reales en el mercado: techos dañados, estructuras oxidadas, falta de sistemas contra incendios, instalaciones eléctricas peligrosas y deficiencias en agua y desagüe.
En su fallo, el juzgado sostuvo que si bien la clausura afecta el derecho al trabajo, este debe ceder frente al derecho a la vida y a la salud de comerciantes y consumidores. La medida, aclaró, tiene carácter temporal y su levantamiento depende de que se subsanen las observaciones.
Por su parte, la alcaldesa de Surquillo, Cintia Loayza, señaló que la adecuación del mercado costará alrededor de 6 millones de soles para un espacio de más de 2 mil metros cuadrados. Además, indicó que hasta el momento la municipalidad no ha recibido notificación oficial de una resolución de ejecución que ordene la reapertura del mercado en tres días, como afirman algunos comerciantes a La República.
“Lo que hemos recibido es la resolución de una jueza donde, en el cuaderno principal del amparo solicitado por algunos comerciantes, se pide información de la ejecución de una medida cautelar. Sin embargo, no tenemos la resolución que nos obligue a ejecutar la reapertura”, sostuvo la alcaldesa.
Loayza añadió que respetarán todas las disposiciones del Poder Judicial, pero remarcó que el mercado no se encuentra en condiciones de operar debido a las serias falencias de salubridad detectadas. Actualmente, dijo, la comuna se encuentra en un proceso de contratación pública para ejecutar las obras de mejora de la infraestructura.
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En contraste, la presidenta de la Asociación de Comerciantes, Margarita Castelo, saludó la decisión judicial que, según afirma, ordena la reapertura del mercado en un plazo de tres días.
“Estamos aquí para que la alcaldesa ejecute la medida cautelar. El 18 el juez emitió una resolución que le da tres días para resolver las observaciones y permitirnos volver a trabajar”, declaró.
Castelo también rechazó las declaraciones de Loayza, a quien acusó de faltar a la verdad. Según la dirigente, la municipalidad sí está notificada de la última resolución judicial y el número de comerciantes señalado por la alcaldesa no corresponde a la realidad.
“Acá en esta feria no habrá ni 20 comerciantes. Nosotros somos más de 200, distribuidos en los tres niveles del mercado”, enfatizó.
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