
Cinco personas murieron y varias resultaron heridas el pasado 21 de febrero tras el colapso del techo del patio de comidas del Real Plaza Trujillo, uno de los centros comerciales más concurridos del norte del país. A casi cinco meses de la tragedia, las investigaciones avanzan con lentitud. Este no es un caso aislado: en lo que va del año, al menos seis centros comerciales y supermercados han presentado fallas estructurales en distintas regiones del país, desde techos agrietados hasta pisos en mal estado. Expertos coinciden en que detrás de estos incidentes hay un problema común: la débil fiscalización de infraestructuras que diariamente reciben a miles de personas.
Entre los establecimientos reportados con deterioros o fallas estructurales figuran Real Plaza, Larcomar, Metro, Plaza Norte, MegaPlaza y Tottus, ubicados tanto en diversos distritos de Lima como en otras regiones del país. Las fallas registradas varían desde techos con signos de corrosión hasta baldosas desprendidas, lo que pone en duda si estos espacios están realmente preparados para recibir a grandes cantidades de público.
Para la construcción de un centro comercial se requiere cumplir una serie de requisitos técnicos y legales, los cuales deben ser validados por las autoridades competentes como la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). Sin embargo, en la práctica, el cumplimiento de estas normas parece ser parcial o superficial.
Aldo Facho Dede, presidente de la Comisión de Urbanismo y Hábitat del Colegio de Arquitectos del Perú, mencionó a La República que tras el colapso del Real Plaza Trujillo se inició una ola de inspecciones en varios centros comerciales, pero lamentó que estas se realizaran recién después de una tragedia.
“Las inspecciones técnicas no tienen la profundidad que deberían tener. Son ejecutadas por uno o dos especialistas, lo que impide una evaluación integral. En la mayoría de casos, son inspecciones oculares, no revisiones profundas”, explicó Facho.
Según el especialista, las fallas no estarían necesariamente vinculadas al diseño de las estructuras, sino a la ejecución misma del proyecto. “Yo creo que el problema de fondo está en la ejecución. Muchas veces se entrega una obra sin haber sido revisada de manera rigurosa”, añadió.
El arquitecto también fue enfático al señalar que los responsables directos de mantener en óptimas condiciones las edificaciones son los propietarios o arrendatarios de los inmuebles. Esto incluye revisar y reparar periódicamente cualquier desperfecto, desde fierros oxidados hasta filtraciones o muros agrietados.
“Es fundamental que los empresarios y profesionales del sector cambien su enfoque respecto a la inspección técnica de seguridad. No se trata solo de cumplir un trámite, sino de garantizar la vida de las personas que transitan por estos espacios”, sostuvo Facho.
Desde el ámbito de la ingeniería civil, Miguel Estrada, presidente del Capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) – Sede Lima, coincidió en que el problema es multifactorial. Según su análisis, las fallas constantes responden tanto a un mal diseño como a la ausencia de un plan de mantenimiento preventivo.
“Para que estas estructuras no fallen, debe haber procesos de monitoreo permanente. Es decir, una inspección adecuada y mantenimiento continuo. No se puede dejar al azar la seguridad de miles de personas”, comentó Estrada.
Asimismo, subrayó que las inspecciones no deben centrarse únicamente en los elementos estructurales como columnas y techos, sino también en aquellos que, aunque no soporten peso, pueden causar lesiones o accidentes, como mamparas, falsos techos o revestimientos.
“Los propietarios deben asumir su rol y realizar inspecciones por iniciativa propia. No se puede esperar a que ocurra una tragedia para actuar”, recalcó.
La seguidilla de incidentes ocurridos en centros comerciales y supermercados durante los últimos meses es un llamado de atención urgente. La falta de mantenimiento adecuado, la ejecución deficiente de obras y la fiscalización insuficiente conforman una combinación peligrosa que expone a la población a riesgos innecesarios.
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