
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) había programado el cierre de siete universidades para 2025, pero seis de ellas lograron una prórroga. Entre las instituciones que obtuvieron esta extensión se encuentran la Universidad Científica del Perú y la Universidad Peruana de Ciencias e Informática (UPCI). A pesar de no cumplir con los estándares de calidad, estas universidades han conseguido continuar operando, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad del proceso de licenciamiento.
Las razones del rechazo del licenciamiento incluyen deficiencias en infraestructura, capacitación docente y escasa inserción laboral de los egresados. Esta situación pone de manifiesto la necesidad urgente de mejorar la calidad educativa en el país, ya que la formación de los estudiantes se ve comprometida por la falta de recursos y una planificación adecuada.
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) es el organismo autónomo del Estado peruano encargado de supervisar y garantizar la calidad del servicio educativo superior universitario en el país. Foto: Sunedu
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El proceso de licenciamiento de Sunedu es fundamental para asegurar que las universidades peruanas cumplan con estándares mínimos de calidad. Para obtener esta autorización, las instituciones deben demostrar que cuentan con infraestructura adecuada, programas académicos sólidos y personal docente calificado. Este mecanismo busca proteger a los estudiantes de instituciones que no cumplen con los requisitos básicos exigidos por ley, garantizando así una educación de calidad.
La Universidad Científica del Perú, que debía cerrar el 16 de agosto de 2025, logró una prórroga que le permitirá operar hasta el 16 de agosto de 2026. A pesar de haber desaprobado 37 de los 43 indicadores evaluados por Sunedu, la universidad presentó un Plan de Adecuación que fue considerado insuficiente. Las deficiencias incluyeron la falta de espacios adecuados para prácticas profesionales y una gestión ineficaz en la planificación institucional, lo que pone en riesgo la calidad de la educación que ofrece.
La UPCI, que debía cesar actividades en abril de 2025, también obtuvo una extensión de un año, lo que le permite operar hasta el 4 de abril de 2026. A pesar de que solicitó correcciones y ampliaciones de plazo, la universidad no logró subsanar deficiencias clave, como problemas en infraestructura y una gestión institucional inadecuada. La evaluación de Sunedu concluyó que la UPCI no ofrecía garantías suficientes para brindar un servicio educativo adecuado, lo que genera preocupación entre los estudiantes y sus familias.
El caso de estas universidades resalta los desafíos que enfrenta la educación superior en Perú. La falta de planificación presupuestal, la escasa capacitación docente y la débil inserción laboral de los egresados son problemas recurrentes que afectan la calidad educativa. La situación actual exige un compromiso por parte de las instituciones para mejorar sus estándares y garantizar una formación académica competitiva que permita a los estudiantes enfrentar los retos del mercado laboral.
Se encarga de proponer políticas de Estado y lineamientos técnicos en el ámbito de su competencia. Aprobar las políticas institucionales, planes, estrategias institucionales y las condiciones básicas de calidad; en concordancia con las políticas y lineamientos técnicos que apruebe el Ministerio de Educación.

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